La República Dominicana obtuvo una decisión enteramente favorable en el arbitraje internacional iniciado en su contra por el Sr. Yves Martine Garnieral amparo del Acuerdo entre el Gobierno de la República Francesa y el Gobierno de la República Dominicana sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, de 14 de enero de 1999. Mediante laudo emitido el 19 de agosto de 2026, el tribunal arbitral rechazó todas las pretensiones del demandante, que ascendían a más de 100 millones de dólares, equivalentes a más de 5.882 millones de pesos, al tipo de cambio actual.
El procedimiento, iniciado el 4 de octubre de 2021 de conformidad con el artículo 7 del citado acuerdo y administrado por el Corte Permanente de Arbitraje bajo el caso no. 2022-01, tuvo su origen en la terminación del contrato de concesión para el manejo y recolección de residuos sólidos suscrito entre EGTT Dominicana, SA, la empresa del demandante, y el Ayuntamiento del municipio Santo Domingo Este.
El Tribunal determinó que la terminación del contrato de concesión tenía validez bajo la legislación dominicana, debido a las deficiencias de EGTT Dominicana en la prestación del servicio, y que los hechos alegados por el demandante no cumplían con el estándar requerido para constituir una violación de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado dominicano en virtud del tratado.
«La defensa del Estado no es sólo la defensa del erario: es la defensa de la seriedad con la que este país honra sus compromisos. República Dominicana cumple con sus obligaciones para con los inversionistas extranjeros y, precisamente por eso, mantiene firmemente sus posiciones cuando un reclamo es infundado”, afirmó la Ministra de Industria, Comercio y Mipymes, Yayo Sanz Lovatón.
La defensa de República Dominicana fue coordinada originalmente por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), junto con el Gobierno del Municipio de Santo Domingo Este, al que luego se sumó el Ministerio de Justicia, entidad que en virtud de la Ley No. 80-25, representará al Estado en los arbitrajes de inversión. El Estado dominicano contó con la asistencia de la firma internacional Foley Hoag LLP, a través de su oficina en Washington, DC.
Este resultado es parte de la política de defensa activa del Estado dominicano en materia de arbitraje de inversiones, encaminada a proteger los recursos públicos y preservar el clima de seguridad jurídica que respalda la inversión extranjera en el país.
