Tras el diagnóstico de cáncer de pulmón que recibió este martes el Papa León XIV y su posterior intervención quirúrgica para extirpar el lóbuloo en el pulmón derecho inferior del Hospital Gemelli de Roma, ha resurgido una vieja pregunta entre la comunidad católica y la diplomacia internacional: ¿quién asume el liderazgo de la Iglesia católica si el pontífice está inconsciente, incapacitado o incapaz de gobernar?
La periodista de AP Nicole Winfield resumió la respuesta a este complejo escenario en dos palabras: «El Papa». La aparente sencillez de la afirmación esconde un cruce jurídico y canónico, ya que, a diferencia de lo que ocurre tras la muerte o renuncia de un pontífice, no existe en el derecho canónico un protocolo formal o claro para delegar funciones papales en caso de incapacidad médica grave pero no terminal.
La Curia y la administración temporal
A sus 71 años, León XIV afronta un proceso de recuperación que deja en suspenso compromisos de relevancia internacional, como su gira prevista por Uruguay, Argentina y Perú. Mientras tanto, la gestión operativa y administrativa de la Santa Sede recae en la Curia Romana y, fundamentalmente, en el Secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, que ejerce funciones similares a las de un primer ministro.
Sin embargo, el especialista Filipe Domingues, director del Centro Laico de Roma, subraya que las competencias de la Secretaría de Estado son estrictamente administrativas y diplomáticas. Las decisiones dogmáticas y exclusivas de gobierno del obispo de Roma —como la creación y nombramiento de obispos, la aprobación de canonizaciones o la promulgación de mensajes dominicales— quedan completamente suspendidas, ya que nadie puede sustituir la firma ni la voluntad pontificia.
Un vacío en el derecho canónico
El cuerpo jurídico de la Iglesia católica expone un vacío regulatorio. Si bien el Canon 335 contempla la hipótesis de que la Sede Apostólica está “totalmente impedida”, la normativa no ofrece una definición específica para dicho estado ni especifica los pasos ni la autoridad competente para declararlo. Esta situación contrasta con el régimen aplicable a las diócesis comunes (Canon 412), donde en caso de incapacidad de un obispo, la autoridad se transfiere a un obispo auxiliar o vicario general.
Aunque predecesores como Pablo VI y Francisco previeron que se activaran cartas de renuncia anticipada en caso de un impedimento médico irreversible, el requisito canónico de que cualquier renuncia se exprese «libre y explícitamente» plantea un dilema ético y legal en caso de que el pontífice pierda la capacidad de expresar su voluntad.
De momento, el Vaticano ha informado que Leo
