Este año se conmemoran dos fechas claves en el desarrollo urbano de la Ciudad de Panamá: la invasión del ejército de los Estados Unidos, el 20 de diciembre de 1989, para deponer al dictador Manuel A. Noriega, y la reversión total de las tierras de la antigua Zona y la administración del Canal a la soberanía panameña, el 31 de diciembre de 1999.
Para comprender el impacto del cambio de régimen ocurrido después de la invasión en la configuración urbana de la ciudad, es crucial analizar el contexto anterior. Durante las décadas de 1970 y 1980 se implementaron políticas y se crearon instrumentos en Panamá que sentaron las bases para el futuro desarrollo urbano. Primero, la creación del centro bancario internacional en 1970, que buscaba consolidar al país como una plataforma de servicios financieros a nivel regional y global.
En este período también se eliminó el límite de altura de las edificaciones –establecido en el reglamento de urbanización de 1940–, lo que permitió la construcción de rascacielos a partir de los años 1970, transformando el perfil de la ciudad. Finalmente, en 1985 se creó la ley de interés preferencial, instrumento que serviría para promover el desarrollo inmobiliario a partir de los años noventa. La crisis económica y política que aquejó al país durante gran parte de la década de 1980 puso en entredicho una pausa en el crecimiento económico y urbano de la Ciudad de Panamá.
Después de la invasión, la década de 1990 se caracterizó por el ajuste económico. El enfoque neoliberal se centró en la privatización de empresas públicas, como el Instituto Nacional de Telecomunicaciones (INTEL) y el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), y la concesión de activos logísticos como puertos y ferrocarriles.
Paralelamente, se hizo un esfuerzo por integrar los bienes revertidos con la devolución del Canal a través de ejercicios de planificación urbana, como el Plan Metropolitano Pacífico y Atlántico (2000) y el Plan de desarrollo de la Región Interoceánica (1997). Estos planes buscaban preparar una estructura de integración para el desarrollo de las áreas revertidas, con la esperanza de lograr “el mayor beneficio común posible”.
La retirada de las bases militares estadounidenses, que durante décadas habían representado una importante fuente de ingresos para las economías de las ciudades portuarias de Panamá y Colón, planteó serios desafíos. Un estudio realizado por INDESA en 1995, titulado Impacto económico del retiro de las bases militares estadounidenses, analizó las consecuencias del cierre de las bases.
En cuanto a los ingresos por pago de salarios, se estimaron en B/56 millones, además de B/17,4 millones en pensiones a los trabajadores panameños en las bases, pagadas anualmente. INDESA estimó que el 42% de los alquileres en Ciudad de Panamá y Colón correspondieron a alquileres realizados por personal norteamericano, con un promedio de B/1,036.00 mensuales, muy superior al promedio de B/300.00 pagado en viviendas alquiladas por panameños. El impacto total del retiro de las bases en 1994 se estimó en B/294 millones sólo para ese año.
La ampliación del Canal y el crecimiento económico y urbano acelerado
El período de cierre de las bases militares en 1999, y los años iniciales de la administración panameña del Canal, de 2000 a 2003, fueron de débil crecimiento económico, oscilando entre el 0,5% en 2001 y el 4,2%. en 2003. Sin embargo, la aprobación vía referéndum en 2006 de la ampliación del Canal generaría una onda expansiva en la economía y el desarrollo urbano e inmobiliario de Panamá.
Para los panameños comunes y corrientes, el crecimiento de la ciudad fue un inesperado tsunami de cambios. De una ciudad donde el PIB promedio del sector construcción era de B/540 millones, se pasó en 2007 a montos de inversión que comenzarían en B/1,498 millones en 2007, hasta llegar a B/13,342.4 millones en 2019, 13 veces su tamaño al inicio. inicio del boom en 2006.
El shock por la velocidad del desarrollo urbano generó conflictos entre desarrolladores y comunidades que expresaron su descontento a través de acciones legales y protestas, argumentando falta de planificación, violación de regulaciones y el impacto negativo en la calidad de vida. La falta de infraestructura adecuada para respaldar los desarrollos propuestos sigue siendo un desafío importante en un entorno que ha pasado de casas individuales a edificios de 40 pisos y 300 apartamentos.
Entre 2000 y 2020, la huella urbana de la Ciudad de Panamá aumentó de 15.280 a 27.661 hectáreas, con un crecimiento del 55% en ese período. La hiperverticalización la posicionó entre las capitales latinoamericanas con más rascacielos (2006-2012), incluida la antigua Trump Tower, la segunda más alta de la región. Este crecimiento acelerado, impulsado por incentivos a la construcción y la falta de planificación urbana, generó la expulsión de la población hacia la periferia y largos desplazamientos diarios desde el hogar al trabajo, que promedian entre 60 y 90 minutos por trayecto.
Actualmente, la economía panameña enfrenta una desaceleración en el sector inmobiliario y de la construcción, un elevado endeudamiento y un déficit fiscal. A esto se suma el rezago en infraestructura básica en sectores como agua potable, saneamiento, vías, transporte público y movilidad, además de la crisis en el manejo de residuos sólidos.
Para revertir esta situación, el gobierno panameño busca reactivar la economía a través de un programa de construcción de megainfraestructuras como el tren Panamá-Costa Rica (B/4,000 millones), un nuevo embalse para el Canal de Panamá (B/1,600 millones) y la ampliación del Aeropuerto de Tocumen (B/1,200 millones), entre otras inversiones en infraestructura, tratando de emular la dinámica ocurrida durante la ampliación del Canal (2006-2015), en un momento cuando la población se ve afectada por el aumento del desempleo (9%) y la informalidad (50%).
La invasión de 1989 marcó el fin de la dictadura de Noriega en Panamá, y también coincidió con la caída del Muro de Berlín y el comienzo del fin de la mayoría de las dictaduras que habían dominado la escena política, tanto en Europa del Este como en América Latina. Treinta y cinco años después, la promesa de la democracia liberal de mayor progreso y bienestar contrasta con los males generales de la ciudad de Panamá y de la mayoría de las ciudades del mundo: expansión acelerada, expulsión de las clases media y trabajadora de los centros urbanos, crisis en el acceso a la vivienda. , soledad, déficit de espacios públicos y degradación ambiental.
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