El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, informó este martes que varias instituciones del El Estado trabaja para buscar una salida al conflicto entre la Asociación Nacional de Distribuidores de Gasolina (Anadegas) y los proveedores de dispositivos de pago electrónico conocidos como verifones.
Alcántara explicó que los esfuerzos son liderados por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), con la participación de Pro Consumidor y otras entidades oficiales interesadas en llegar a un acuerdo entre las partes.
Alcántara convocó a Anadegas, una organización que agrupa a gran parte de los comerciantes dee combustibles en el país, para actuar con sensatez y permitir que las autoridades sigan atendiendo el tema.
El funcionario afirmó que el propósito es superar las diferencias sin perjudicar a quienes acuden a las gasolineras y utilizan las tarjetas como medio de pago.
“Las partes tienen que ponerse de acuerdo, porque el consumidor no puede verse afectado”, afirmó Alcántara.
El titular de Pro Consumidor también afirmó que esta institución se mantiene atenta al desarrollo del proceso y está en permanente conversación con los directivos de Anadegas, al tiempo que monitorea las gestiones realizadas por las instituciones públicas involucradas en el conflicto.
Señaló que la participación de las autoridades busca evitar que las diferencias entre comercializadores de combustibles y entidades del sector financiero terminen trasladándose a los consumidores, particularmente a través de una reducción de las alternativas disponibles para realizar el pago de la compra de combustible.
El llamado del Director Ejecutivo de Pro Consumidor se produce luego de que Anadegas anunciara su decisión de retirar los verifones de las más de 700 estaciones afiliadas a la organización a partir del próximo 25 de septiembre, medida que podría modificar los mecanismos de pago disponibles para los usuarios en cientos de estaciones de servicio del país.
El funcionario insistió en que cualquier acuerdo debe asegurar que los consumidores no se vean afectados y que se mantengan las condiciones que les permitan tener alternativas para realizar sus pagos en la compra de combustible.
