Al parecer, Rafael Santos Badía sí estuvo a la altura. Al menos eso es lo que sugieren los hechos. Porque en los pasillos de palacio se repitió una versión que nunca fue confirmada oficialmente, pero que sonó con insistencia: el anterior ministro supuestamente había perdido la confianza del Gobierno para frenar (o al menos no impulsar con suficiente convicción) la reforma educativa que el presidente Luis Abinader quería convertir en uno de los grandes legados de su gestión.
Si esa versión era cierta, entonces el nuevo ministro tenía una misión casi imposible: en 6 meses debía escuchar al país, construir consensos y entregar las bases para la transformación educativa más ambiciosa de las últimas décadas. Viendo lo ocurrido esta semana, parece que el plazo no fue en vano.
Lo presentado el miércoles pasado fue más que una consulta ciudadana, fue un ejercicio político de construcción de legitimidad. Más de 8.000 personas (en su mayoría mujeres) participaron en foros territoriales, institucionales y sectoriales en las 31 provincias, el Distrito Nacional e incluso entre la diáspora. No sólo se preguntó qué falta en las escuelas; Se preguntó qué tipo de país queremos construir desde las aulas. Y esa diferencia cambió por completo la conversación.
La gente no pedía más escuelas; ¡Pide mejor educación!
Es revelador que los ciudadanos no colocaran al cemento como su principal prioridad. Después de años de abrir escuelas, la discusión finalmente pasó a lo que es verdaderamente importante: qué aprenden nuestros hijos, quién les enseña y si lo que estudien tendrá algún valor cuando salgan al mundo laboral. ¡Letal!
Los participantes identificaron cuatro problemas que resumen la crisis educativa: bajos niveles de aprendizaje, disciplina escolar deteriorada por la violencia, un currículo desconectado de las exigencias del mundo actual y la necesidad de fortalecer la calidad de la enseñanza.
Quizás la propuesta más disruptiva no sea una nueva ley, sino la idea de que el sistema educativo deje de comportarse como cuatro instituciones aisladas. La apuesta es construir una ruta educativa única donde un estudiante pueda pasar de la educación técnica al doctorado sin tener que empezar de cero cada vez que cambia de institución. Parece de sentido común. Pero en la República Dominicana eso sería casi una revolución administrativa.
No es casualidad que Santos Badía dedicó parte de su discurso a aclarar “que la autonomía de la UASD no será tocada y que el INFOTEP preservará su modelo de gobernanza”. Antes de presentar una reforma de tal magnitud, había que desactivar los principales focos de resistencia.
Esta precisión demuestra que detrás del proyecto no sólo hay una visión educativa; También existe una estrategia política para generar consenso antes de enviar una nueva ley al Congreso.
Ahora viene lo difícil… Escuchar siempre genera aplausos. Gobernar con lo que has oído genera enemigos. Porque una verdadera reforma educativa nos obligará a revisar intereses, privilegios, estructuras e incluso viejos discursos que han sobrevivido durante años sin dar mejores resultados.
Si el gobierno realmente está dispuesto a dar ese paso, no estaremos ante otra reforma administrativa. Estaremos ante la decisión de cambiar el país desde el único lugar donde todavía es posible hacerlo sin violencia: las aulas.
Y si esa fuera la misión que Rafael Santos
Badía lo recibió hace seis meses, por lo que, al menos por ahora, parece que sí cumplió con el cometido.
