Héctor Antonio Lora Cruceta fue designado presidente de la Junta Directiva y del Patronato que administra el Instituto Regional de Oncología del Cibao (IORC) el 9 de octubre de 2018, por un período de sólo dos años. Sin embargo, permaneció ilegalmente durante siete años, y hubo que recurrir a la fuerza pública para sacarlo de la institución.
Intenta permanecer en el “nido”
Ante la resistencia de Lora Cruceta a dejar el cargo y luego de su estancia ilegal de cinco años, el 6 de octubre de 2025, de conformidad con los estatutos del Patronato, se convocó a una Asamblea General Extraordinaria en la que, por unanimidad, se eligió una nueva Junta Directiva encabezada por el Dr. Iván Alexis Mercader Mateo.
Sin embargo, el ahora acusado de liderar una red que habría desviado millones de pesos destinados a pacientes de bajos recursos que padecen cáncer, interpuso una serie de recursos que retrasaron su salida de la IORC, hasta que él y sus demás cómplices de la junta que presidía fueron detenidos durante la Operación Oncol4 y llevados ante la justicia.
Bloqueada la incautación de valores del Patronato
Alegando una supuesta representación de la entidad que ya no ostentaban, Lora Cruceta, su ex esposa Dilcia Vargas Sánchez, Thelma Sadi Rodríguez Báez y Yanet Rodríguez, quienes también eran miembros del Patronato, interpusieron una demanda el 23 de octubre de 2025 para anular la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 6 de octubre.
El 30 del mismo mes interpusieron demanda civil de remisión a la suspensión de dicha asamblea, solicitando además la designación de secuestro judicial.
Asimismo, el 7 de noviembre, mediante acta de alguacil, procedieron a oponerse a la entrega de valores del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer ante entidades financieras como el banco BHD y Reserva, la Cooperativa La Altagracia, así como ante cualquier otra institución o personas, afectando gravemente el normal funcionamiento de la entidad creada sin fines de lucro.
Fue el 15 de octubre de 2025 cuando, finalmente, ante la negativa del imputado Lora Cruceta y los miembros de su junta directiva de desalojar las instalaciones del Patronato, se hizo necesario solicitar el auxilio de la fuerza pública para proceder a su expulsión física de dichas instalaciones.
Según el expediente de solicitud de medida coercitiva contra la red liderada por Lora Cruceta, “esta acción era indispensable, ya que el imputado y los demás miembros de su directiva habían impedido, hasta ese momento, la instalación de la Junta Directiva legítimamente electa el 6 de octubre de 2025, integrada por los señores Dr. Iván Alexis Mercader Mateo, Dra. Naly Antonia Cruz Ventura, Nicolás Edmundo de Jesús Guillén Guzmán, Edilma Inés Rodríguez Vargas y Radhamés José Rosado Sánchez”.
