La crisis desatada en el seno del poder judicial por la renuencia de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia a someterse a las valoraciones jurídicas de la Consejo Nacional de la Judicatura (CNM) de este año, sitúa al órgano constitucional electoral de las altas cortes en un momento crucial, inédito desde que fue creado mediante la reforma de 1994, el que resolvió las graves consecuencias políticas del fraude electoral cometido por Balaguer contra Peña Gómez.
El motivo histórico de la creación del CNM, formalizado junto con otras decisiones en el Pacto por la democracia firmado entre el líder reformista y el líder demócrata, consistió en quitarle al Senado el poder exclusivo de elegir jueces con el fin de despolitizar y darle mayor independencia al Poder Judicial.
Sin embargo, independientemente de los resultados positivos alcanzados por el CNM desde su creación en 1997, la antigua misión electiva de jueces a cargo de 30 o más senadores quedó sujeta al consenso de ocho personas, cinco de las cuales son políticas junto con tres magistrados, que ahora elegirán al futuro presidente de la SCJ en sustitución del renunciante. Luis Enrique Molina; al primer recambio de la presidencia y magistrado de la Sala Tercera que ocupa Herrera Carbuccia; también al segundo reemplazo del presidente realizado por Nancy Salcedo y a un asiento clave, que fue ocupado por la renunciante María Garabito en la Segunda Sala Penal.
Y aunque constitucionalmente la clase política no dirige el Poder Judicial en nuestro país, en virtud de que la Ley Fundamental establece la autonomía funcional, administrativa y presupuestaria de la Justicia, la selección de nuevos jueces es responsabilidad del Partido Revolucionario Moderno (PRM), representado por el presidente. Luis Abinader y los presidentes de las cámaras del Senado y de Diputados y de la Fuerza del Pueblo, representados por dos legisladores, junto con tres magistrados (dos de la SCJ y el presidente de la Corte Constitucional). Hay cuatro vacantes inmediatas en la estructura superior del Poder Judicial que deben ser cubiertas.
Esta será la elección más difícil para el CNM y particularmente para el presidente Abinader, quien finalizará su mandato en 2028. Los seleccionados permanecerán en el cargo hasta 2033, lo que significa que agotarán dos años del período actual, cuatro años del presidente electo en 2028 y el primer año del gobernante electo en 2032. Se trata de una elección profunda, cuya elección determinará el futuro de la justicia dominicana en el largo plazo.
Lo importante aquí es cómo conciliar los intereses políticos del oficialismo, la oposición y los tres miembros del poder judicial, dos de los cuales declinaron las evaluaciones, ya que las elecciones de los jueces de las altas cortes se aprueban con el voto favorable de al menos cinco de los miembros presentes, que sólo pueden ser los cinco políticos, con el resultado de una combinación de los tres del PRM y un par de magistrados, por un lado, o los dos del FP apoyados por los tres. magistrados.
Esto último significa que los representantes de Leonel Fernández pueden lograr el apoyo de dos o los tres juristas del Consejo y son capaces de imponer algunos jueces a Abinader y al PRM, incluido el titular. Hay que ver de qué lado se inclinarían los magistrados dimitidos que podrían favorecer a antiguos compañeros o subordinados.
Finalmente, creo que Abinader prefiere dejar en la SCJ unos cuantos jueces que puedan defender su riqueza histórica.
