En América Latina, Chile ofrece una experiencia relevante para abordar los desequilibrios cuasifiscales, aunque su solución fue gradual y tomó décadas. La lección es de interés para la República Dominicana, donde la deuda del Banco Central supera el 10% del PIB, en algunos periodos ha superado el 15% y sigue creciendo.
En Chile, varios factores agravaron el problema: el rescate bancario de 1982-1983, las operaciones de compra de carteras deterioradas, el costo de las intervenciones cambiarias y las obligaciones financieras asumidas por el Banco Central para estabilizar el sistema.
Después de la crisis, el Banco Central compró carteras riesgosas a los bancos con compromisos de recompra. En 1989, estas obligaciones fueron reemplazadas por la llamada “obligación subordinada”, que sería pagada con los excedentes de las entidades. Los pagos eran lentos y el mecanismo mantuvo una carga significativa sobre el saldo del emisor durante años.
¿Cómo se enfrentó el problema chileno?
No hubo una sola ley de 1990 que resolviera el déficit. El proceso incluyó el reconocimiento por parte del Estado de los costos del rescate financiero, a través de pagarés que serían cubiertos con superávits fiscales, y posteriores cambios al régimen de pago de la deuda subordinada. El Ley 19.396de 1995, estableció nuevas alternativas para facilitar su cancelación. El último pago de esa obligación se realizó en 2019.
La consolidación fiscal de los años noventa, el crecimiento económico y la reducción de la deuda pública facilitaron la gestión de estos compromisos. Chile pudo así fortalecer la posición financiera del Banco Central y preservar su autonomía, aunque el proceso no fue inmediato ni estuvo libre de costos.
La experiencia dominicana comenzó con la Ley de Capitalización del Banco Central de 2007, que estableció transferencias anuales del Gobierno Central. Durante la administración de Leonel Fernández se cumplió este mandato, con aportes equivalentes al 0,5% del PBI en 2008, que aumentaron a 0,9% en 2012. Durante el gobierno de Danilo Medina Se fijaron en el 0,7% del PIB, aunque en algunos años la asignación no se ejecutó. En la administración actual, las contribuciones promedian alrededor del 0,6% del PIB.
Pese al importante esfuerzo fiscal que suponen estas transferencias, el mecanismo no ha frenado el crecimiento de la deuda. Incluso en los años en que se aplicó la ley, el saldo siguió aumentando.
Entre 2023 y diciembre de 2025, los gobiernos transfirió RD$441,957 millones para intereses de bonos de capitalización y aportes directos. Mientras tanto, la deuda pasó de RD$89,438 millones, el 16 de agosto de 2004, a RD$892,140.4 millones en octubre de 2026. Es decir, se ha multiplicado casi diez veces, pese a que las transferencias acumuladas equivalen a casi cinco veces el saldo de 2004.
La experiencia chilena deja una lección: déficit fiscal No se resuelve sólo con una ley o con transferencias presupuestarias. Requiere disciplina fiscal, cumplimiento sostenido y una solución que distribuya racionalmente la carga entre el Tesoro y el Banco Central.
Asumir toda la deuda aumentaría considerablemente el servicio de intereses del Gobierno. Una alternativa sería que el Banco Central, sin nuevos aportes fiscales, atienda vencimientos de hasta tres años, unos RD$225 mil millones, equivalentes al 25%, estableciendo un compromiso de desmantelamiento gradual, mientras el Tesoro asume el 75% restante, a más largo plazo, y aplica una gestión de pasivos que extienda los vencimientos y reduzca los costos financieros.
Transferir deuda entre ambas instituciones no la elimina para el sector público consolidado: cambia quién la administra y cómo se distribuye su costo, lo que requiere metas fiscales y monetarias.
Evidentemente, sería esencial una reforma fiscal integral.
Diomedes Núñez Polanco
