Ética en función pública No se limita al cumplimiento de leyes y reglamentos. Representa, sobre todo, una responsabilidad hacia los ciudadanos, hacia los recursos que son de todos y hacia la confianza depositada en las instituciones. Gobernar implica tomar decisiones, pero también comprender las consecuencias de esas decisiones y actuar de acuerdo con el interés colectivo.
Frecuentemente, el debate sobre la ética gubernamental surge cuando surgen denuncias, investigaciones o dudas. Es natural que esto suceda, porque la sociedad tiene derecho a exigir explicaciones y responsabilidades. Sin embargo, reducir la ética a la prevención y sanción de la corrupción sería ignorar su verdadera dimensión. También está presente en las decisiones cotidianas: a la hora de seleccionar colaboradores, gestionar presupuestos, atender a un ciudadano o reconocer y corregir un error.
Hay una diferencia fundamental que merece nuestra atención: no todo lo legal es necesariamente ético. Una acción puede cumplir formalmente una disposición y aun así ser cuestionable desde el punto de vista del interés colectivo. La legalidad establece límites; La ética requiere juicio, prudencia y conciencia de las consecuencias.
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Por tanto, la integridad no puede descansar exclusivamente en convicciones personales. Las instituciones necesitan mecanismos de supervisión, procedimientos transparentes y servidores públicos preparados para enfrentar situaciones cada vez más complejas.
Nadie cuestiona que un médico participe en congresos para actualizar sus conocimientos, o que un ingeniero asista a sesiones de formación para aprender nuevas técnicas. Entendemos que el ejercicio responsable de cualquier profesión requiere de un aprendizaje permanente. ¿Por qué debería ser diferente para quienes gestionan los recursos públicos y toman decisiones que afectan a toda la sociedad?
Los principios éticos permanecen, pero las circunstancias en las que deben aplicarse evolucionan. Las nuevas tecnologías, los conflictos de intereses y las modalidades de contratación plantean desafíos que requieren preparación y discernimiento. Formar en ética a un funcionario no significa cuestionar su honestidad, sino brindarle herramientas para ejercer mejor sus responsabilidades.
En este contexto, la reciente iniciativa de capacitación a servidores públicos impulsada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, bajo el liderazgo de Milagros Ortiz Bosch. Su importancia radica en reconocer que la integridad institucional también requiere educación, prevención y actualización permanente.
Naturalmente, ningún taller garantiza la honestidad de una persona. Un certificado tampoco sustituye los valores individuales ni la obligación de rendir cuentas. La formación tiene sentido cuando sus enseñanzas se reflejan en decisiones responsables, comportamientos verificables y voluntad de corregir lo que no funciona.
La confianza ciudadana se construye precisamente sobre esa coherencia. No basta con proclamar la transparencia; Es necesario demostrarlo mediante acciones que puedan ser examinadas y explicadas. Y corresponde a quienes dirigen las instituciones garantizar que estos principios formen parte de su normal funcionamiento.
La República Dominicana necesita seguir fortaleciendo una cultura de servicio público en la que actuar correctamente no sea considerado un mérito extraordinario, sino una obligación natural.
Porque la ética no se demuestra por la cantidad de principios que proclamamos, sino por la coherencia con la que somos capaces de practicarlos.
