El policia nacional sacudió los cimientos del debate sobre seguridad ciudadana en República Dominicana: más de 53.000 órdenes de detención Duermen en el limbo de la burocracia judicial. No estamos hablando de infracciones menores, sino de un grueso expediente que contiene miles de casos de violencia doméstica, robos, agresiones sexuales y homicidios.
Sin embargo, lo más alarmante no reside en la cifra global, sino en la reincidencia crónica, que permite a cientos de individuos caminar libremente por nuestras calles, acumulando cinco, diez y hasta cuarenta antecedentes policiales. Esta dura realidad muestra una profunda desconexión sistémica, una especie de “puerta giratoria” a través de la cual Judicial y el mecanismo preventivo parecen hablar idiomas diferentes.
Ante este colapso de la persecución penal ordinaria, la respuesta en las calles ha adquirido un tono extremadamente peligroso: el aumento de los llamados “intercambios de disparos”. Los datos de los últimos años consolidan una tendencia alcista que hace saltar las alarmas. Del 84 casos registrados En 2020, la cifra aumentó drásticamente hasta superar la barrera de los 200 casos anuales recientes. El punto de inflexión más crítico se vivió en los últimos meses, cuando las muertes a manos de agentes del orden pasaron a representar cerca del 44% del total de homicidios mensuales en el país. El goteo de presuntos delincuentes asesinados en supuestos enfrentamientos ha pasado a ser parte de la actualidad diaria,
Este fenómeno expone una peligrosa fractura en la opinión pública dominicana. Por un lado, una sociedad cansada de la impunidad y de las agresiones diarias tiende a aplaudir la mano dura, percibiendo la fuerza letal como un mecanismo expedito de curación social frente a una justicia percibida como lenta o complaciente. Por otro lado, organizaciones de derechos humanos y juristas independientes denuncian categóricamente que las ejecuciones extrajudiciales se esconden bajo la etiqueta de “intercambio”, exponiendo la asimetría estadística de feroces tiroteos donde los policías casi nunca resultan heridos.
La solución a esta crisis de seguridad no puede descansar en eliminación física del delincuenteuna práctica que erosiona el Estado de derecho y despoja a las instituciones de su legitimidad moral. El verdadero desafío reside en la reforma estructural de las reglas del juego. La reciente promulgación del nuevo Código Penal (Ley 74-25) representa un paso legislativo importante al introducir penas acumulativas – en lugar de cadena perpetua – de hasta 60 años en casos de delitos graves. Sin embargo, las leyes sobre el papel son letra muerta si no se transforman en una aplicación efectiva.
Creo que se necesita urgentemente una reforma procesal complementaria capaz de limitar estrictamente la libertad condicional y la libertad bajo fianza para los reincidentes. Asimismo, la ejecución del 53.000 pedidos pendientes Debe responder a una estrategia de inteligencia criminal y depuración digital, apoyada en la obligatoriedad de las cámaras corporales (bodycams) para transparentar el uso de la fuerza.
La República Dominicana atraviesa una encrucijada institucional decisiva. El dilema no debería ser elegir entre la impunidad de las calles o la arbitrariedad del gatillo policial. El único camino sostenible hacia una paz pública duradera es aquel en el que la Policía captura eficientemente, el Ministerio Público apoya rigurosamente y los tribunales condenan firmemente. Reemplazar el debido proceso por la letalidad unilateral no reduce el crimen; sólo profundiza la violencia.
(El autor es periodista y abogado)
