Durante su visita al Grupo de Comunicaciones Corripio, el expresidente Leonel Fernández Parecía estar en sus aguas. Durante casi tres horas abordó una larga secuencia de temas relevantes, entre ellos el costo de vida, la seguridad ciudadana y el déficit fiscal. Una revelación llamativa fue que el Gobierno no le había consultado sobre el apoyo logístico y de inteligencia a las operaciones salvadoreñas en Haití, ni le había enviado los informes periódicos que, según afirmó, le habían prometido en el diálogo político sobre la cuestión haitiana.
La revelación sorprende por su trasfondo. En mayo de 2025, el presidente Abinader convocó a los tres expresidentes para impulsar una política de Estado frente a la crisis haitiana. Esa iniciativa dio paso a un proceso de consulta, coordinado por el Consejo Económico y Socialcon la participación de representantes gubernamentales, expresidentes y el sector empresarial, laboral y social. El proceso culminó con un documento que incluyó 26 líneas de acción y 151 propuestas consensuadas.
Era razonable esperar que tal ejercicio sentara las bases para una colaboración continua al más alto nivel, particularmente en tiempos de crisis. Las declaraciones de Fernández hacen pensar que esta expectativa no se ha materializado. Por supuesto, corresponde al Gobierno adoptar las decisiones que considere pertinentes, sin que ello implique la obligación de pedir el consentimiento de los expresidentes. Pero el compromiso de trabajar en una agenda compartida pasa por mantener abiertos los canales de comunicación y dar seguimiento a los compromisos asumidos.
El episodio ilustra la dificultad para dar continuidad a los acuerdos, una debilidad recurrente de nuestros esfuerzos de concertación. El diálogo sobre Haití fue una iniciativa encomiable que generó expectativas de colaboración política al más alto nivel. ¿Qué queda de esos compromisos, aparte de las fotos?
