Mediante decreto 502-26 el Poder Ejecutivo estableció el procedimiento administrativo para prevenir, identificar y restringir la importación de mercancías, productos y bienes producidos, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso.
La medida busca fortalecer la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país.
El decreto establece que la Dirección General de Aduanas (DGA) ordenará “mediante resolución motivada, la prohibición de la importación de mercancías, productos o bienes cuando se determine que fueron producidos mediante trabajos forzados”, en sus países de origen.
Indica que las medidas administrativas serán aplicables a las mercancías que ya hayan zarpado, se encuentren en puertos o estén sujetas a un régimen u operación aduanera con anterioridad a su importación o ingreso definitivo a territorio dominicano.
Agrega que la DGA podrá ordenar la reexportación al país de origen u otro destino autorizado, en su caso, o podrá proceder a su destrucción o adoptar las medidas legales correspondientes.
La DGA deberá llevar un registro administrativo de las mercancías cuya importación esté prohibida.
Habrá intercambio de información sobre el tema con otros países.
La medida se ejecutará en coordinación entre la Aduana, el Ministerio Público y los ministerios de Trabajo, MICM y Relaciones Exteriores.


