La modernización de sistema tributario dominicano Es necesario y la implementación de la factura electrónica constituye un avance importante en términos de transparencia, control fiscal y eficiencia administrativa. Sin embargo, no todas las empresas tienen las mismas condiciones para acometer las transformaciones que requiere el Estado. Si bien las grandes empresas cuentan con estructuras tecnológicas, departamentos contables y personal especializado, muchas micro y pequeñas empresas operan con recursos limitados y procesos administrativos que aún dependen de mecanismos tradicionales. Esta realidad nos obliga a reflexionar sobre los desafíos que plantea la implementación de la Ley núm. 32-23, sobre Factura Electrónica, particularmente para MiPYMES.
El Dirección General de Impuestos Internos (DGII) otorgó una prórroga general de seis meses a los contribuyentes clasificados como pequeños, micro y no clasificados, pasando al 15 de noviembre de 2026 el plazo para completar su incorporación al sistema. Esta decisión reconoce, en cierta medida, las dificultades que enfrenta una parte importante del sector empresarial para satisfacer las nuevas demandas. Sin embargo, ampliar un plazo no resuelve necesariamente los problemas subyacentes. La verdadera discusión debería centrarse en determinar si las condiciones tecnológicas, económicas y administrativas de estas empresas les permiten cumplir adecuadamente con la obligación.
Para una gran empresa, implementar un sistema de facturación electrónica puede representar una actualización de sus procesos internos. Para una microempresa, en cambio, puede significar adquirir equipos, tener una conexión estable a internet, capacitar personal, contratar asistencia técnica o modificar por completo la forma en que registra sus operaciones. Si bien la DGII cuenta con un facturador gratuito, su uso también requiere conocimientos básicos, acceso a herramientas digitales y capacidad para gestionar correctamente las obligaciones tributarias. El carácter gratuito de una plataforma no significa necesariamente que su implementación esté libre de costos para quienes deben utilizarla.
El facturación electrónica ofrece beneficios que no deben ser ignorados. Permite mejorar la trazabilidad de las operaciones, reducir el uso de documentos físicos, facilitar los controles y fortalecer la transparencia fiscal. Pero estos objetivos deben alcanzarse sin perder de vista un principio fundamental de la buena administración: las acciones del Estado deben ser razonables y proporcionales a las circunstancias de sus destinatarios. No corresponde exigir el mismo nivel de adaptación tecnológica a una empresa con cientos de empleados que a una pequeña empresa familiar que apenas cuenta con personal para atender su operativa diaria.
También debemos prestar atención a las consecuencias del incumplimiento. El Ley núm. 32-23 contempla infracciones y sanciones relacionadas con las obligaciones de facturación electrónica. Ante esta realidad, la Administración Tributaria tiene el desafío de asegurar que el régimen sancionador no termine convirtiéndose en una dificultad adicional para la sostenibilidad de las pequeñas empresas. La supervisión es un poder legítimo del Estado, pero debe ejercerse acompañada de orientación, prevención y mecanismos efectivos que faciliten el cumplimiento voluntario de las obligaciones.
El desafío de la DGII no debe limitarse a lograr que más contribuyentes emitan comprobantes fiscales electrónicos. También debe garantizar que las MIPYMES comprendan el sistema, puedan utilizarlo correctamente y encuentren en esta transformación una oportunidad para organizarse y fortalecer sus negocios. Esto requiere capacitación accesible, asistencia técnica oportuna, información clara y una evaluación continua de las dificultades que enfrenta cada segmento de negocio. Una política pública no puede considerarse plenamente exitosa únicamente porque logra sus objetivos administrativos; También debe evaluarse por sus efectos sobre las personas y las actividades económicas a las que se dirige.
El República Dominicana necesita avanzar hacia una administración tributaria más moderna, eficiente y transparente. Pero también necesita proteger y fortalecer a las MIPYMES, que desempeñan un papel fundamental en la creación de empleo y la actividad económica nacional. La factura electrónica debe ser una herramienta para facilitar la formalización y mejorar la gestión empresarial, no un motivo más para que las pequeñas empresas tengan dificultades para mantenerse en el negocio. Modernizar el Estado implica también comprender la realidad de quienes están llamados a ejecutar sus decisiones.
