Paz. Un tribunal boliviano declaró este viernes en «rebelión» al expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019), quien por segunda vez no se presentó a la audiencia que debía resolver la acusación de trata de personas agravada en su contra, por supuestamente mantener una relación con una menor de edad con la que habría tenido un hijo.
El juez Nelson Rocabado también estableció que se debe aplicar un «raíz nacional» al expresidente, notificándole mediante edicto la resolución, la emisión de una orden de aprehensión, la anotación preventiva de bienes y el congelamiento de sus cuentas.
La determinación se tomó luego de que el juez considerara que el argumento presentado por la defensa de Morales de que no pudo asistir porque padece bronconeumonía y bradicardia, un ritmo cardíaco bajo, «no son elementos legítimos» para no haber comparecido.
Previo a la resolución, el juez negó una impugnación planteada por la defensa bajo el argumento de que la autoridad judicial había actuado con falta de imparcialidad.
El abogado del expresidente, Jorge Pérez, declaró que el proceso es «ilegal» ya que Morales «nunca fue» notificado.
También afirmó que las autoridades judiciales cometen «prevaricación» al procesarlo por segunda vez en el mismo caso que, consideró, ya fue resuelto hace unos años.
«El expresidente Evo Morales es una persona inocente, perseguido políticamente», añadió.
Por su parte, la fiscal departamental de Tarija, Sandra Gutiérrez, señaló que se ingresa a una «nueva etapa» del proceso, por lo que la orden de aprehensión del fiscal que se giró contra Morales el 16 de octubre «queda sin efecto». » y ahora rige la orden del juez.
«El juicio se va a suspender hasta que él comparezca, esa es la situación», indicó.
Esta es la segunda vez que Morales no acude a una citación judicial, luego de que el martes sus abogados presentaran un certificado médico que indica que debía guardar reposo absoluto debido a una bronconeumonía.
Por ello, el juez impuso un plazo de 48 horas para que Morales demostrara su enfermedad, algo que no ocurrió hasta la audiencia de este viernes.
La Fiscalía imputó a Morales en diciembre por el delito de trata de personas agravada, por presuntamente mantener una relación con una menor de edad con la que tuvo un hijo en 2016, cuando la presunta víctima pertenecía a un grupo político juvenil creado durante su Presidencia.
Además, el proceso señala que los padres de la presunta víctima «se lucraron» con ella entregándola al expresidente a cambio de «favores».
Este día, esta mujer presentó recientemente un memorial en el que indicó que “nunca ha sido víctima de trata” por parte de sus padres “ni por persona alguna” y que “nadie la obligó a quedar embarazada”.
También afirmó sentirse víctima de la «persecución» que llevan a cabo el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo del Castillo, y el fiscal Gutiérrez.
Desde octubre, Morales permanece en el Trópico de Cochabamba (centro), su principal bastión político y sindical, al amparo de sus seguidores que lo protegen de la posible ejecución de una orden de arresto.
El proceso de trata de personas agrava la relación entre Morales y el presidente de Bolivia, Luis Arce, quienes se encuentran distanciados desde finales de 2021 por diferencias respecto de las decisiones gubernamentales y el control del gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS).
