Lo que está sucediendo en Francia y otros países europeos plantea una de las grandes contradicciones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. ¿Cómo podemos explicar que las sociedades que han alcanzado altos niveles de bienestar material, protección social y derechos ciudadanos experimenten un profundo malestar colectivo?
Después del Segunda Guerra MundialGran parte de Europa construyó un modelo económico y social basado en la intervención del Estado para reducir las desigualdades y proteger a los ciudadanos contra los riesgos asociados al mercado. Así surgió el Estado de bienestar, que garantizaba amplios servicios de salud y educación, pensiones, seguro de desempleo, vacaciones pagadas, etc., financiados principalmente a través de impuestos y cotizaciones sociales.
Este modelo se basaba en una promesa fundamental: cada generación podría vivir mejor que la anterior y, ante la adversidad, encontraría protección en las instituciones públicas.
Durante las tres décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, conocida en Francia como Los treinta gloriosos (1945-1975)esa promesa encontró condiciones económicas favorables. Europa experimentó un crecimiento extraordinario, acompañado de aumentos de la productividad, los salarios reales, el empleo industrial y la expansión de las clases medias. El fortalecimiento sindical y la negociación colectiva facilitaron la distribución de los beneficios del crecimiento.
Este desempeño permitió mejorar simultáneamente salarios, pensiones, servicios públicos y rentabilidad empresarial. El progreso económico alimentó las expectativas sociales y, durante un tiempo, proporcionó los recursos necesarios para satisfacerlas.
Pero este escenario comenzó a transformarse durante la década de 1970 y los cambios se profundizaron con la globalización a partir de 1990. Las economías europeas entraron en una etapa de expansión considerablemente más lenta.
La competencia internacional y la deslocalización de actividades productivas hacia países con menores costes laborales contribuyeron a reducir el peso de la sector industrial. Francia es un ejemplo particularmente significativo de desindustrialización, con pérdidas significativas de establecimientos manufactureros y empleos industriales.
La consecuencia fue el debilitamiento de uno de los pilares que habían sostenido el Estado de bienestar: una economía dinámica, capaz de generar empleos estables, salarios crecientes y suficientes ingresos fiscales.
A este fenómeno se sumó el envejecimiento demográfico. La disminución de la tasa de natalidad y el aumento de la esperanza de vida aumentaron las necesidades de financiación de las pensiones, los servicios de salud y los cuidados de larga duración. Al mismo tiempo, el menor crecimiento económico limitó la capacidad de los gobiernos para responder a estas demandas.
Pero sucedió algo fundamental: si bien la capacidad económica para sostener y ampliar los beneficios sociales se debilitó, las expectativas de los ciudadanos siguieron aumentando.
Aquí encontramos una explicación central de la Malestar europeo. Las personas no juzgan su situación exclusivamente por el bienestar alcanzado, sino también por las oportunidades que consideran legítimo esperar.
el economista Albert Hirschman Explicó este fenómeno a través de su conocida metáfora del túnel. Cuando una de las dos filas de vehículos detenidos en un túnel comienza a avanzar, los que permanecen detenidos pueden sentirse optimistas porque esperan que pronto llegue su turno. Pero si ese progreso nunca se produce, la esperanza acaba convirtiéndose en frustración.
Algo similar ocurre con las sociedades. Mientras haya confianza en que el progreso beneficiará a todos, las desigualdades pueden ser políticamente tolerables. Cuando esa expectativa desaparece, aumentan el resentimiento y el conflicto.
Francia refleja esas tensiones. Durante años, sus autoridades recurrieron al endeudamiento para financiar los desequilibrios presupuestarios. El elevado peso de la deuda y las nuevas condiciones financieras han aumentado las presiones para contener el gasto público, provocando resistencias a reformas y restricciones que afectan a prestaciones y servicios.
A esto se suma el debilitamiento de instituciones que tradicionalmente mediaron en los conflictos sociales, como los sindicatos, los partidos políticos de masas y otros espacios de consulta. Cuando disminuye la confianza en estos mecanismos, la protesta callejera adquiere mayor prominencia.
La experiencia europea ofrece una lección política trascendental: el bienestar alcanzado no garantiza automáticamente la estabilidad social. Esto también depende de la confianza de los ciudadanos en que las instituciones podrán preservar los logros existentes y ofrecer oportunidades de progreso.
Para aquellos de nosotros que practicamos la política, la lección es
igualmente importante. No basta con promover el crecimiento económico o hacer promesas atractivas. Es fundamental construir expectativas realistas, sustentadas en políticas públicas viables y resultados verificables.
El la crisis se profundiza cuando los ciudadanos dejan de confiar en que sus hijos vivirán mejor y temen perder lo que han conseguido. Así pues, lo que está en juego no es sólo la financiación del Estado de bienestar, sino la credibilidad de su promesa de protección y progreso.
Juan Temístocles Montás
