- El Gobierno de Pedro Sánchez quiere ampliar el derecho de rectificación a las ‘fake news’ difundidas por usuarios de redes sociales con más de 100.000 seguidores. Una medida dentro de su estrategia para “regenerar” la democracia española.
El Gobierno español ha aprobado un plan para que los ‘influencers’ con miles de seguidores en las redes sociales tengan la obligación de publicar una rectificación, al igual que los medios de comunicación, cuando difundan información falsa o inexacta que perjudique a los particulares.
Esta medida se enmarca en una estrategia para “reforzar la transparencia, el pluralismo y el derecho a la información” impulsada por el ejecutivo español que preside el socialista Pedro Sánchez. Fue uno de los compromisos del presidente cuando, a finales de abril y tras cinco días de «reflexión» en los que se especuló con su dimisión, anunció que seguiría al frente del Gobierno pese al «acoso» sufrido por su esposa. , Begoña Gómez. , que ha acabado siendo investigada en los tribunales como víctima de «engaños deliberados», según Sánchez, que prometió entonces «trabajar incansablemente» por «la regeneración pendiente» de la democracia española.
En concreto, el Gobierno español propone actualizar la ley que regula el derecho de rectificación, vigente desde 1984, para extenderlo a los medios de «comunicación social» y a «los usuarios especialmente relevantes de las plataformas online», ya que considera a quienes tienen con más de 100.000 seguidores en una sola plataforma o 200.000 en diferentes redes sociales.
‘Influencers’ cuyos contenidos tienen un alcance, admite el Gobierno de Pedro Sánchez, «mayor que el de los medios tradicionales», a los que la legislación española obliga desde hace 40 años a rectificar informaciones falsas o incompletas. «Hay profesionales del engaño y la mentira que cada día enturbian nuestro debate público con mentiras y falsedades», subrayó el ministro de Justicia, Félix Bolaños, en rueda de prensa.
En las redes sociales, algunos de estos profesionales no han tardado en reconocerse. “El gobierno impone censura a los tuiteros”, escribió Javier Negre en la red social X, donde tiene más de 300.000 seguidores.
Director de la polémica plataforma ‘Estado de Alarma’, Negre acumula condenas en su contra por difundir bulos y es una de las voces destacadas de la llamada «facosfera», un término importado de Francia que el presidente Pedro Sánchez ha utilizado en el Parlamento para referirse a agitadores de derechas con destacada presencia en las redes sociales que se dedican a “politizar, insultar y generar desconfianza” contra el Gobierno de izquierdas español.
Agitadores como Alvise Pérez, la gran sorpresa política del año en España tras cosechar más de 800.000 votos y tres eurodiputados el pasado mes de junio en las elecciones europeas con su candidatura ‘La fiesta se acabó’, que se hizo popular en las redes sociales tras la pandemia por extenderse Teorías conspirativas y ‘fake news’: su canal de Telegram se presenta como «un medio de comunicación» que siguen más de 700.000 personas y en el que incluso acosa Periodistas “mercenarios”, en palabras de Alvise, que también acumula sentencias judiciales por sus publicaciones.
«Tendremos situaciones de gran inseguridad jurídica»
La propuesta de reforma del derecho de rectificación propuesta por el Gobierno español también permitirá «agilizar» el procedimiento judicial cuando no se cumpla el derecho de rectificación, «de tal forma que la resolución judicial pueda ser mucho más rápida», según la ministra de Justicia. .
Sin conocer los detalles del proyecto, la catedrática de Derecho de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, Sabela Serrano, advierte de que esta reforma equipara a los periodistas con ‘influencers’, algo que califica de «peligroso» para los profesionales de la información. información.
“La base del derecho de rectificación es que el periodistas Pueden cometer errores actuando de buena fe y ahora quieren incluir información hecha de mala fe. Si equiparamos a los ‘influencers’ con los periodistas, que son profesionales capacitados para investigar y contrastar información, estamos desvirtuando el derecho a la rectificación», afirma este profesor, que sugiere incluir definiciones precisas de lo que es bulo, desinformación o pseudomedia en el nuevo estándar.
“Porque si no, tendremos situaciones de gran inseguridad jurídica”, añade Sabela Serrano, partidaria de que la responsabilidad de la difusión de noticias falsas recaiga en los responsables de las plataformas y redes sociales. “En todo caso, el derecho de rectificación afecta a datos ya realizados, no a opiniones. Nunca se puede pretender una rectificación de la opinión de alguien”, añade este profesor universitario.
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