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martes, noviembre 17, 2026
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El rastro digital que llevó a la prisión preventiva de un hombre por un caso de abuso infantil

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Hoy.

Una alerta por videos publicados en TikTok inició una investigación que terminó con tres meses de prisión preventiva contra Giancarlo Miguel Tejeda Guzmán, de 36 años, acusado de cometer agresión sexual contra una niña de un año.

Según el expediente presentado por el Ministerio Público, la Dirección del Área de Policía Cibernética detectó los audiovisuales mediante trabajos de vigilancia en redes sociales. En las grabaciones, según las autoridades, el imputado aparecía con la menor en brazos mientras abordaba temas de carácter sexual.

La investigación permitió identificar el perfil utilizado para publicar el contenido, bajo el nombre de “Carlos Tejeda”, y realizar diligencias para establecer la identidad de la persona que aparecía en los videos.

El caso también cobró fuerza con la denuncia del padre de la niña, quien denunció que reconoció a su hija en uno de los audiovisuales que recibió a través de las redes sociales. Según su declaración, al observar el material decidió acudir a las autoridades.

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Asimismo, la abuela materna de la menor fue entrevistada y confirmó que los hechos investigados habían ocurrido en su residencia, donde el imputado tuvo acceso a la niña.

Como parte de las investigaciones, el Ministerio Público obtuvo órdenes de aprehensión y allanamiento para localizar dispositivos electrónicos, equipos de grabación y otras evidencias relacionadas con el caso. La investigación incluye un informe técnico de la Policía Cibernética, enviado a la Fiscalía del Distrito Nacional el 13 de noviembre de 2026, con capturas de pantalla de las publicaciones y videos conservados.

Prisión preventiva y advertencia sobre los videos

La Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional aceptó la solicitud del Ministerio Público e impuso tres meses de prisión preventiva al imputado. El juez Emmanuel López ordenó cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuya, en Higüey, provincia La Altagracia.

La revisión obligatoria de la medida quedó fijada para el 17 de febrero de 2027.

El Ministerio Público atribuye provisionalmente al caso delitos contemplados en la Ley 74-25, la Ley 53-07 sobre Delitos y Delitos de Alta Tecnología y la Ley 136-03, que protege los derechos de niños, niñas y adolescentes.

La institución también llamó a no reproducir ni compartir los videos relacionados con la investigación, advirtiendo que su difusión constituye una violación a la ley. Las autoridades reconocieron el interés de quienes denunciaron el contenido, pero insistieron en que el material debe ser puesto en conocimiento de las autoridades sin seguir haciéndolo circular.

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