Él Ministerio Publico solicitó la imposición de prisión preventiva, ya que medida de coerciónpor dos hombres imputados por los delitos de maltrato físico y psicológico, así como trabajos o servicios forzados, en perjuicio de varios niños en un local donde operaba la Fundación Restaurando la Vida (Un Muerto que Revive), ubicada en el municipio Bajos de Haina, en la provincia de San Cristóbal.
Los imputados Ángel Gabriel Capellán (el Pastor o Capellán) e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez fueron puestos a disposición judicial ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal, que fijó para este jueves 3 de septiembre de 2026 la audiencia en la que se conocerá la solicitud del Ministerio Público.
La medida fue presentada por Yoanna Bejarán, titular de la Fiscalía Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), así como por las fiscales Ramona Santana, titular de San Cristóbal, y Fanny M. Garabitos Guerrero, coordinadora de la Unidad de Atención a Víctimas de Género, Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales (UAVGIDS).
La instancia detalla que, en el marco de un operativo realizado la noche del 29 al 30 de agosto de 2026, el Ministerio Público, junto a otros organismos, realizaron allanamientos simultáneos en los sectores La Pared y El Carril, en el municipio de Bajos de Haina, provincia de San Cristóbal.
En el operativo fueron rescatados 13 niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas entre cuatro (4) meses y trece (13) años.
Las víctimas presentaban evidentes signos de maltrato físico y psicológico. El centro de operaciones intervenido funcionaba bajo la fachada de una fundación y un espacio religioso, ubicado dentro de una finca.
La Fiscalía de San Cristóbal, junto con el PETT, realizaron los allanamientos, asistidos por el Departamento de Investigación de Trata y Trata de Personas de la Policía Nacional y la Unidad Mixta Especializada de Investigación Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), con la Dirección de Protección a la Niñez y la Adolescencia y el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (Conan), como zonas de protección.
El operativo se desencadenó por la fuga de uno de los menores retenidos en el lugar quien se presentó ante un destacamento policial, alertando a las autoridades sobre las condiciones abusivas a las que eran sometidos los niños, niñas y adolescentes allí alojados.
Como resultado de la alerta, y luego del inicio de las investigaciones, se solicitaron órdenes judiciales de aprehensión contra los imputados Gabriel Capellán y Muñoz Rodríguez.
La víctima que realizó la denuncia fue evaluada por un médico forense, quien concluyó que presentaba múltiples lesiones en toda la piel (rostro, miembros superiores e inferiores, espalda y espalda), así como quemaduras de segundo grado en el dorso de ambas manos, en proceso de curación.
Además, se realizó una evaluación por parte de un psicólogo forense, perito autorizado para dicha intervención, estableciendo que no asistía a la escuela y que se vio obligado a realizar trabajos con madera para la construcción de una vivienda. Asimismo, se determinó que fue sometido constantemente a malos tratos físicos y castigos.
Como resultado de los trabajos de inteligencia realizados por los equipos de investigación, se identificó al nombrado Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, quien al conocer la detención de Capellán, trasladó a varios menores de edad desde el inmueble donde funcionaba la Fundación Restaurando Vida, hasta un domicilio ubicado en el sector El Carril, Los Solares.
Muñoz Rodríguez se desplazaba en un vehículo Toyota Corolla CE, matrícula A272601, año 1994, color beige, y permaneció en las inmediaciones de dicho inmueble.
En el cateo de los domicilios con autorización judicial se identificaron pertenencias ligadas a menores de ambos sexos y diversas edades, prendas de vestir, libretas, uniformes, mochilas, juguetes, reconocimientos y souvenirs escolares, así como actas de nacimiento y documentos personales de personas ajenas al lugar, así como cuchillos.
El Ministerio Público señala en la solicitud de medida coercitiva que la Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive) carece de autorización de la autoridad competente para funcionar como albergue para niños, niñas y adolescentes, por lo que su funcionamiento, la recepción de fondos y donaciones, y cualquier otra forma de recaudación de recursos, se realizaron al margen de cualquier regulación legal.
