De los honores que la democracia puede conferir a un ciudadano, ser elegido para representar al pueblo en el Congreso Nacional es uno de los más importantes. No se trata simplemente de ocupar un cargo público, sino de asumir la responsabilidad de crear leyes, representar a los ciudadanos y supervisar el ejercicio del poder.
En República Dominicana, el Congreso Nacional está integrado por 222 legisladores, 190 diputados y 32 senadores, distribuidos en dos cámaras. Sin embargo, más allá de su composición, debemos preguntarnos: ¿hemos entendido realmente lo que significa ser legislador?
Una parte de la ciudadanía todavía percibe al legislador como un gestor de favores, responsable de conseguir empleo, proporcionar ayuda o resolver problemas particulares. Pero esta visión no es responsabilidad exclusiva de los votantes. También se alimenta de prácticas políticas que confunden representación con bienestar y promoción personal.
La función legislativa requiere mucho más. Implica estudiar los problemas estructurales del país, proponer soluciones sostenibles y actuar no sólo en una demarcación, sino en el interés general de la nación.
La diversidad social y profesional del Congreso enriquece la democracia. La dignidad del cargo no depende del origen social ni exclusivamente del nivel académico, sino de la integridad, preparación, capacidad de deliberación y compromiso con la ley. Representar a la sociedad no significa reproducir sus vicios, sino ayudar a superarlos con el ejemplo y la responsabilidad pública.
Cuando surgen investigaciones o procesos judiciales contra legisladores por presuntos delitos, corresponde al sistema de justicia determinar responsabilidades respetando el debido proceso. Al mismo tiempo, estos casos nos invitan a fortalecer la selección de candidatos, la transparencia y la rendición de cuentas.
En una era marcada por la inteligencia artificial, la transformación tecnológica, los desafíos educativos y la competencia económica, el país necesita un Congreso con visión de futuro. Una agenda legislativa capaz de impulsar la productividad, fortalecer las instituciones, mejorar los servicios públicos y promover el desarrollo inclusivo.
Esto no significa descuidar las necesidades locales, sino abordarlas con rigor. Cada iniciativa, ya sea educativa, territorial, comercial o económica, debe responder a una necesidad verificable, estar respaldada por evidencia y demostrar su contribución al bienestar colectivo.
Legislar no consiste en acumular proyectos ni en hacer que el nombre de un representante aparezca asociado a cada nueva ley.
A esto se suma la fiscalización, responsabilidad imprescindible para examinar el uso de los recursos públicos, exigir explicaciones y contribuir al equilibrio entre los poderes del Estado.
Ha llegado el momento de elevar nuestra comprensión de la representación política. Los ciudadanos debemos valorar a nuestros representantes por sus resultados y no sólo por los favores que logran. Los partidos deben seleccionar candidatos conscientes de la importancia del cargo y los legisladores deben comprender que su legado depende de la calidad de sus decisiones.
Ser legislador es recibir temporalmente la confianza del pueblo y convertirla en trabajo, criterio, responsabilidad y servicio.
La República Dominicana necesita legisladores que se alejen de las nimiedades, que no se limiten a reaccionar ante las urgencias del presente, sino que contribuyan a construir el país del mañana.
Porque el verdadero honor de ser legislador no está en ocupar un escaño en el Congreso Nacional, sino en honrar, con acciones y resultados, la confianza que el pueblo ha depositado en él.
