Sólo en 2025, el gobierno dominicano registró más de 379.000 deportaciones y repatriaciones de haitianos. Las deportaciones casi triplicaron las de 2019, el último año completo del PLD. En seis años, según la DNCD, se han incautado más del doble de drogas que en los 32 años anteriores combinados. Desde 2022, la tasa de homicidios ha caído un 45%. La pobreza monetaria, que rondaba el 26% en 2019, se ubicó en 13,75% durante el segundo trimestre de este año.
¿Cuántos dominicanos conocen estos datos? ¿Cuántos están convencidos de lo contrario?
El Ministerio Público investiga a un grupo de personas por presuntamente planear un atentado contra el presidente Abinader. En las conversaciones atribuidas a los investigados se habló de explosivos, haitianos y de realización de un golpe de Estado. Nunca ha habido tantos deportados en este país y, sin embargo, el discurso de supuesta complacencia migratoria del Gobierno ha alcanzado tales niveles de radicalización.
¿Entendemos ya que la comunicación gubernamental es una cuestión de seguridad nacional?
El sociólogo alemán Hartmut Rosa explica la aceleración de la sociedad contemporánea con la imagen de alguien que intenta subir una escalera mecánica que está bajando. Tienes que correr cada vez más rápido para permanecer en el mismo lugar.
El Gobierno ha respondido a esta aceleración multiplicando sus publicaciones. Cada institución aplica sus propios parámetros y, con demasiada frecuencia, sirve a las ambiciones políticas de su propietario. Esto último es también una forma de corrupción. Todo merece una publicación. Nada merece permanecer.
Es el gobierno editorial: ha profesionalizado la producción de contenidos y despolitizado la comunicación.
Hemos confundido publicidad con comunicación. El Gobierno informa, pero no explica. Publica cifras, pero no las pone en perspectiva. Mide lo que produce, no lo que entienden los ciudadanos. Ha acabado por sepultar su propia obra bajo el ruido que él mismo produce.
De esa obsesión por la atención se ha hecho un negocio. Algunos comunicadores han descubierto que chantajear es más rentable que informar y algunos funcionarios han descubierto que pagar es más conveniente que dar explicaciones. Así hemos terminado financiando lo peor de la comunicación dominicana, premiando su capacidad de intimidar por encima de la calidad de su criterio.
El Gobierno no es responsable de todas las mentiras que se dicen sobre él, pero sí del dinero público que da a quienes hacen de la mentira un negocio.
De las voces que alguna vez explicaron este Gobierno, algunas han muerto y otras se han cansado. Incluso la opinión favorable más sincera se ha vuelto sospechosa. ¿Quién defenderá su trabajo cuando ya no tenga presupuesto público? ¿Quién defenderá nuestra democracia si hemos hecho más rentable lo contrario?
Reconozco los esfuerzos de la reciente dirección de DIECOM, pero no puede hacerlo solo. Las facultades de coordinación existen desde 2021. Es necesario ejercerlas y transparentar quién recibe dinero de la publicidad estatal, cuánto y por qué.
La comunicación gubernamental no es un servicio auxiliar del poder. Es una de las formas de ejercerlo democráticamente. Es obsceno invertir miles de millones en educación y al mismo tiempo pagar para brutalizar a la gente. Una democracia necesita ciudadanos capaces de juzgar a su gobierno, no de aplaudirlo.
Un gobierno puede dejar más carreteras, más escuelas y menos pobreza y, sin embargo, dejar una sociedad políticamente peor que la que recibió. Este Gobierno terminará en 2028. La cultura política que ha ayudado a financiar permanecerá.
Gobernar es también explicar lo que se gobierna.


