Dayana Herediaun dominicano detenido en Venezuela desde julio de 2024, preguntó el presidente Luis Abinader intervenir para ayudarla a regresar a República Dominicana, mientras sus familiares exigen a las autoridades dominicanas brindarle asistencia consular y verificar las condiciones de salud y detención en las que permanece.
En un video, Heredia relata que fue víctima de una supuesta red de viajes ilegales que opera en Colombia en coordinación con ciudadanos dominicanos. Según explica, le prometieron llevarla a España, pero terminó ingresando a Venezuela, donde fue detenida por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Dayana Heredia, dominicana detenida en Venezuela desde julio de 2024, pidió al presidente Luis Abinader intervenir para ayudarla a regresar a República Dominicana
Según sus familiares, las autoridades venezolanas la acusaron de tener en su celular supuestas fotografías relacionadas con sustancias prohibidas y, en ese caso, fue sentenciado a 21 años de prisión. Sus familiares consideran excesiva la sentencia y sospechan que la situación podría estar relacionada con tensiones políticas entre los gobiernos de República Dominicana y Venezuela.
La familia vincula sus sospechas a la posición asumida por el Gobierno dominicano respecto de los resultados de las elecciones venezolanas del 28 de julio de 2024, la incautación de un avión venezolano en República Dominicana y otras diferencias entre ambas administraciones, que llevaron a la ruptura de relaciones diplomáticas. Según familiares, esta situación les ha dificultado viajar a Venezuela para visitar a Heredia durante el tiempo que se encuentra detenida.
Los familiares informaron que presentaron la petición P-184-26 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y solicitaron medidas cautelares identificadas como MC-144-26 VE, por presuntas violaciones al debido proceso y por los riesgos que enfrenta la salud de la dominicana. Afirman que Heredia padece problemas renales y atribuyen su padecimiento, entre otros factores, al bajo consumo de agua y las dificultades para acceder a este recurso en el lugar donde se encuentra recluida.
La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de Heredia mediante Resolución 63/2026, del 10 de agosto de 2026considerando que sus derechos a la vida, la integridad personal y la salud corrían riesgo de daño irreparable.
Asimismo, los familiares manifestaron que desde el inicio de la detención han solicitado al Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) la intervención para garantizar la asistencia consular. Según ellos, se han comunicado con Miguel Reyes, director de Protección Nacional de esa institución, pero aseguran que no han recibido la atención solicitada y que la respuesta ofrecida ha sido que no existen relaciones diplomáticas con Venezuela.
María Herediahermana del detenido, reconoció que la ruptura de relaciones diplomáticas dificulta las gestiones consulares, pero sostuvo que esa circunstancia no debe impedir que se busquen mecanismos de asistencia para un ciudadano dominicano privado de libertad en el exterior.
En ese sentido, citó la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, cuyo artículo 2, párrafo 3, establece que «la ruptura de relaciones diplomáticas no supondrá, ipso facto, la ruptura de relaciones consulares».
Ante lo que consideran una respuesta insuficiente por parte de la Cancillería, los familiares se sumaron al llamado de Heredia al presidente Abinader para tomar las medidas necesarias para dar seguimiento a su caso, verificar su estado de salud y las condiciones en las que permanece detenida, así como explorar los canales legales y diplomáticos que puedan facilitar su regreso a República Dominicana.
«No le pedimos al presidente que exija a Venezuela liberar a Dayana; No, les estamos pidiendo que la asistan, para que las autoridades venezolanas vean que las autoridades de su país están pendientes de su caso y el de su compatriota”, dijo Heredia.
La hermana aclaró que el pedido de la familia no busca que el Gobierno dominicano intervenga en decisiones judiciales venezolanas ni exija una liberación fuera del procedimientos legales. Su reclamo es que las autoridades dominicanas acompañen a su compatriota, aseguren que reciba la atención médica necesaria y tomen las gestiones correspondientes para evaluar alternativas que permitan su regreso al país.
