La Fiscalía de Massachusettsen Estados Unidos, solicita que la dominicana Jennifer González permanezca detenida por considerar que sus recursos económicos y sus vínculos con República Dominicana representan un riesgo de fuga
La criolla, acusada de liderar presuntamente una red de matrimonios fraudulentos para obtener beneficios migratorios y que fue arrestada junto a otras cinco personas, aseguró que tiene negocios y numerosas propiedades en República Dominicana, incluidos terrenos, argumentos que el Gobierno estadounidense cita en la solicitud para solicitar que permanezca en prisión.
El documento incluye declaraciones que González habría ofrecido durante una conversación grabada con un informante confidencial identificado únicamente como CW-1. “Cada vez que tengo un dólar disponible, simplemente invierto en una nueva propiedad en mi país”. expresado, según la transcripción incorporada al escrito judicial.
En esa misma conversación, la imputada manifestó que tiene negocios en República Dominicana, incluido un proveedor de pequeñas tiendas de barrio, y agregó: “Me gusta comprar tierras… tengo muchas tierras en mi país”.
La Fiscalía sostiene que estos vínculos, sumados a los recursos económicos que supuestamente ha acumulado, representan un riesgo de que González huya de Estados Unidos para evitar el proceso judicial.
La imagen del archivo es de una cámara oculta que grabó a Cherice Alejandro, Amara Pugh y Jennifer González durante la supuesta preparación de un contrato para un matrimonio falso, según autoridades estadounidenses.
Según la moción, la supuesta conspiración habría operado durante más de un década y facilitó un promedio de entre 18 y 20 matrimonios ilegales al año. El autoridades Alegan que el esquema utilizado matrimonios simulados con ciudadanos estadounidenses para apoyar solicitudes de residencia permanente y, potencialmente, ciudadanía para extranjeros con estatus migratorio irregular.
El Gobierno estadounidense afirma que la actividad habría generado cientos de miles de dólares anuales para González y sus presuntos cómplices. La Fiscalía sostiene que, con base en sus propias declaraciones y otras pruebas financieras, la dominicana habría obtenido cientos de miles de dólares anuales durante al menos diez años.
La moción también indica que, entre julio de 2019 y julio de 2026, González solicitó y recibió beneficios del Programa de asistencia nutricional suplementaria (QUEBRAR). Según el documento, durante ese período gastó $124.526,30 de estos beneficios. El investigación También atribuye otros $23,773.08 en gastos de esos beneficios a su esposo, ya fallecido, quien vivía con ella en ese momento.
El pedido de detención se fundamenta en el riesgo de fuga que, a juicio de la Fiscalía, representan los recursos y conexiones de González con República Dominicana. Las declaraciones contenidas en la moción corresponden a los argumentos del Gobierno estadounidense para justificar la detención y no constituyen, por sí mismas, una declaración judicial de culpabilidad.
Los otros detenidos por presunta pertenencia a la supuesta red son Erica Daniels, de 29 años; Chreise Alejandro, 39); Amara Pugh (31); Jessica Tavares (31) y Jaylin Hill, 26 años.
