Como un balde de agua helada cayó sobre los congresistas de ambas cámaras del Congreso Nacional, la propuesta de la Junta Central Electoral (JCE) reducir el número de diputados en 13 demarcaciones territoriales de cara a las elecciones de 2028.
Independientemente de la bandera política, el rechazo era inminente.
Entre las demarcaciones que han generado mayor preocupación están La Altagracia y Puerto Plata, cuyos representantes mantienen posiciones diferentes sobre las consecuencias de la medida.
En el caso de La Altagracia, su senador Rafael Duluc, Expresó su desacuerdo con que esa provincia pierda representación, considerando que se debe tomar en cuenta su crecimiento poblacional antes de aplicar la reducción.
Rafael Barón Duluc Rijo, senador de La Altagracia.
«No creo que sea justo que la provincia de La Altagracia se sacrifique en esto», dijo, al informar que preparan un expediente para solicitar que se vuelva a analizar la disposición.
El legislador sostuvo que es contradictorio que una de las provincias que más ha crecido tenga que asumir una reducción en su representación parlamentaria.
Por otra parte, la senadora de Puerto Plata, Ginette Bournigal, señaló que esta demarcación enfrenta un impacto particular, porque actualmente tiene dos circunscripciones y tendría solo una.
Ginette Bournigal: «El mundo no se va a acabar con las elecciones»
La preocupación alcanza también a la provincia de Santo Domingo, que perdería ocho diputados, así como a Barahona, cuya representación bajaría de tres a dos legisladores.
Sobre este último caso, un diputado de Barahona consideró innecesaria la reducción de 20 diputados y expresó su esperanza de que la medida no se aplique.
“Lo que queremos es tener más representantes en Barahona, porque todos aportamos algo”, afirmó.
Otros congresistas advirtieron que la redistribución podría perjudicar a ciertos distritos electorales y afectar la representación democrática de sus habitantes.
En contraste, los legisladores defendieron la aplicación de la disposición constitucional, recordando que la reducción fue aprobada por el propio Congreso Nacional y que corresponde a los representantes cumplir con lo dispuesto en la Carta Magna.
«Es un mandato constitucional porque así lo decidimos los diputados. Aquí lo que tenemos que hacer es acatar lo que dice la Constitución, porque somos guardianes de ella», afirmó la diputada Soraya Sánchez.
Cargos en el Congreso
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó que el legislador Rogelio Genao trabaja en una comunicación relacionada con la resolución de la Junta Central Electoral y recordó que los partidos políticos tendrán la oportunidad de presentar sus observaciones.
Alfredo Pacheco lidera los debates en la sesión.
Durante las discusiones también se cuestionaron los criterios utilizados para distribuir los escaños, señalando que provincias como Santo Domingo, Sánchez Ramírez y María Trinidad Sánchez recibirían un impacto considerable, mientras que el Distrito Nacional tendría un trato menos desfavorable.
La reforma constitucional de 2024 modificó el artículo 81 de la Constitución y estableció la reducción de 178 a 158 diputados electos territorialmente, con aplicación prevista para las elecciones de 2028.
Para realizar la redistribución, la JCE toma como referencia el padrón electoral de mayo de 2024 y establece un mínimo de dos representantes por provincia.
Los partidos políticos tienen hasta el 26 de noviembre para presentar sus observaciones antes de que el organismo electoral tome una decisión final sobre la distribución de escaños.
