Por Pía Riggirozzi y Natalia Cintra
En un mundo marcado por desplazamientos masivos, fronteras cada vez más militarizadas y un multilateralismo en crisis, la forma en que los Estados gestionan la migración se ha convertido en una de las pruebas más visibles del tipo de orden internacional que está surgiendo. La movilidad humana ya no es sólo un desafío humanitario o administrativo: es también un espacio donde se definen nuevas normas, prácticas y formas de liderazgo global. En este contexto, Brasil ocupa una posición relevante. Su experiencia reciente en la gestión de desplazamientos regionales y su tradición diplomática y marcos regulatorios relativamente progresistas en materia de migración lo colocan en una posición influyente para promover una gobernanza migratoria más humana, basada en los derechos y sensible a las desigualdades de género. Sin embargo, Brasil enfrenta importantes brechas entre su marco regulatorio y la experiencia real de los migrantes, especialmente las mujeres.
La movilidad humana en el siglo XXI está marcada por desigualdades estructurales. Para millones de migrantes, desplazarse implica cruzar fronteras militarizadas, territorios controlados por el crimen organizado o sistemas administrativos arbitrarios para acceder a protección. La migración también significa enfrentar sistemas de recepción fragmentados, racializados y marcados por interpretaciones restrictivas sobre quién merece protección y qué tipo de atención deben ofrecer los Estados.
Las mujeres enfrentan riesgos, tanto durante el tránsito como en los países de destino, como violencia sexual y de género, barreras para acceder a servicios de salud, inseguridad laboral y obstáculos institucionales para acceder a protección internacional. Estas vulnerabilidades son el resultado de decisiones políticas, brechas de gobernanza y marcos migratorios que aún no incorporan plenamente las dimensiones de género de la movilidad humana.
Migración: laboratorio del nuevo orden global
El sistema internacional relativamente liberal y multilateral que dominó las últimas décadas está atravesando una fase de profunda transformación y la migración se ha convertido en una de las áreas más visibles. En muchos sentidos, la gobernanza de la movilidad humana funciona hoy como un laboratorio para el nuevo orden global por tres razones principales.
El primero es la fragmentación del multilateralismo. Aunque las instituciones internacionales siguen existiendo, su capacidad de coordinación se ha debilitado. En materia de inmigración, esto se traduce en respuestas cada vez más unilaterales por parte de los Estados, con políticas restrictivas que priorizan interpretaciones estrechas del interés nacional. Controles fronterizos más estrictos, limitaciones al acceso al asilo y deportaciones más frecuentes han dificultado el movimiento. Iniciativas como el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular o el Pacto Mundial sobre los Refugiados representan intentos de cooperación internacional, pero su implementación depende en gran medida de la voluntad política de los Estados.
La segunda razón es el aumento de las políticas de inmigración seguritizadas. En muchas regiones del mundo, la migración se gestiona cada vez más como una cuestión de seguridad. Las políticas contemporáneas se desarrollan en un contexto en el que la movilidad humana se trata simultáneamente como una crisis humanitaria y como una amenaza. Incluso las respuestas humanitarias pueden coexistir con mecanismos de control que restringen la autonomía cotidiana de los migrantes. Los programas de acogida, los sistemas de asistencia o los centros de alojamiento, diseñados para ofrecer protección, también pueden funcionar como herramientas de gestión y seguimiento de la movilidad. Esta tensión refleja que los Estados intentan responder a las crisis humanitarias al tiempo que refuerzan el control sobre quién puede moverse, cómo y bajo qué condiciones.
La tercera razón es que los grandes movimientos están siendo gestionados cada vez más por países del Sur Global, lo que está reconfigurando el mapa de la gobernanza migratoria. Las grandes crisis de desplazamiento ya no se concentran exclusivamente en Europa o Oriente Medio. El caso venezolano es un claro ejemplo. Más de siete millones de personas han abandonado Venezuela en la última década, uno de los mayores desplazamientos contemporáneos. La gran mayoría permanece dentro de América Latina, lo que ha obligado a los países de la región a desarrollar respuestas en tiempo real y, en muchos casos, sin precedentes. En este contexto, Brasil, Colombia y Perú han asumido un papel central en la gestión regional de la movilidad humana.
Brasil y el liderazgo regional
Brasil ocupa una posición particularmente interesante por varias razones. Se trata de una potencia regional con peso diplomático en el Sur Global y una larga tradición de participación en foros multilaterales, donde ha actuado como mediador entre diferentes regiones y bloques políticos. Además, tiene experiencia en la gestión de desplazamientos regionales a gran escala, particularmente la migración venezolana.
A nivel regulatorio, Brasil tiene marcos relativamente avanzados en materia de derechos humanos y protección de refugiados, inspirados en principios regionales como la Declaración de Cartagena. En la reciente Declaración de Brasilia, adoptada durante la XXIII Conferencia Sudamericana sobre Migraciones, Brasil articuló una retórica regional que combina la responsabilidad compartida con un liderazgo diplomático activo, posicionándose como un referente en la gobernanza de la migración en América Latina. También ha desarrollado respuestas institucionales a la migración venezolana, especialmente a través de Operação Acolhida, un programa que combina asistencia humanitaria, regularización migratoria y mecanismos de reubicación interna. Estas iniciativas se han presentado con frecuencia como ejemplos de liderazgo humanitario regional.
Sin embargo, persiste una brecha entre la ambición normativa y la realidad cotidiana de las personas desplazadas. En muchos contextos, las respuestas humanitarias coexisten con mecanismos de control que terminan restringiendo los derechos y la autonomía. Las medidas destinadas a ofrecer protección pueden limitar la capacidad de los migrantes para reconstruir de forma autónoma sus redes sociales y económicas.
Además, las brechas de protección de género siguen siendo significativas. Muchas políticas de inmigración están diseñadas bajo supuestos aparentemente neutrales que no reconocen los riesgos específicos que enfrentan las mujeres durante el desplazamiento. Estas limitaciones son visibles en áreas como la salud sexual y reproductiva, el acceso a la atención y la exposición a la violencia de género.
Si Brasil aspira a desempeñar un papel relevante en la configuración del nuevo orden global, su liderazgo no estará definido únicamente por su peso económico o su influencia geopolítica. También se medirá por su capacidad para promover modelos de gobernanza migratoria que combinen protección, dignidad y autonomía para las personas en movimiento. En este contexto, la protección de las mujeres migrantes no es una cuestión marginal: constituye una evidencia concreta de cómo los principios de derechos humanos y justicia se traducen –o no– en las prácticas reales de la gobernanza global de la movilidad humana.
