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miércoles, noviembre 18, 2026
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De los decretos fallidos a curso para formar servidores éticos

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Loyda Peña

La historia reciente de la lucha. contra la corrupción administrativa en el país está marcado por la misma fórmula que, pese a sus buenas intenciones iniciales, ha chocado una y otra vez con la realidad institucional: la creación por decreto de comisiones de veeduría ciudadana que nacen con amplias expectativas y terminan disueltas, renunciando o atrapadas en la inoperancia.

intentos fallidos

La más estructurada ocurrió en junio de 2024, cuando a través del decreto 188-14, el entonces presidente Danilo Medina estableció con carácter honorífico las Comisiones de Veeduría Ciudadana para monitorear las compras y contrataciones públicas al amparo de la ley 340-06.

Un año después, ante la falta de alcance real de esos grupos, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto número 183-15 para regular estas comisiones y hacerlas operativas.

La fórmula se repitió nuevamente en abril de 2020, con el decreto 145-20 que creó la Comisión de Supervisión del COVID-19 para supervisar las compras de emergencia. El resultado fue similar: falta de acceso oportuno a la información, ausencia de poder vinculante e imposibilidad de detener las irregularidades antes de que ocurrieran.

Incluso la gestión de Luis Abinader recurrió a este esquema en casos puntuales durante 2026, como la fiscalización de obras deportivas con fondos recuperados de la corrupción y el decreto 498 para el fideicomiso de residuos sólidos (DO Sostenible), sin que el modelo se consolidara como un verdadero freno estructural.

la nueva apuesta

Luego de una década en la que la vigilancia externa por decreto no dio frutos, el 10 de noviembre el presidente, junto al Ministerio de la Función Pública (MAP), el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), anunciaron una nueva estrategia: un plan piloto para capacitar a 3.000 empleados de siete instituciones “clave” a través de un curso virtual autogestionado de 16 horas y media sobre ética e integridad.

¿Sufrirá la misma suerte?

La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Participación Ciudadana (PC) y el jurista Julio Cury responden por separado a esta pregunta. Aunque parten de enfoques diferentes, los tres coinciden en un punto central: la formación teórica por sí sola no es suficiente para erradicar la corrupción y el verdadero éxito del programa no se puede medir por el número de certificados, sino por resultados verificables a medio plazo, controles efectivos y la aplicación de un régimen de consecuencias.

Postura de Finjus

Finjus considera que el plan piloto es consistente con la Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP) para sentar las bases de una nueva cultura institucional. Sin embargo, advierte sobre el peligro de caer en el “cumplimiento meramente formal de las medidas sin producir transformaciones institucionales”.

A través de su portavoz, Servio Tulio Castaños Guzmán, indica que la sociedad debe conocer en un plazo razonable cuántas alertas tempranas o conflictos de interés se detectaron en estas instituciones y qué porcentaje terminó efectivamente investigado y sancionado administrativa o judicialmente, en lugar de ser archivado o en simples amonestaciones.

Asimismo, requería demostrar una disminución cuantificable en los hallazgos recurrentes de auditoría en áreas sensibles como compras menores, licitaciones y nóminas públicas, y la rendición de cuentas reflejaba una reducción documentada de la discreción y el clientelismo.

Visión de PC

El capítulo de Transparencia Internacional, a través de su coordinador general, Francisco (Pancho) Álvarez, no invalida la necesidad de seguir buscando mecanismos y valora los avances en los controles internos de la Contraloría General y la Cámara de Cuentas. Sin embargo, recordó que el fracaso del control anterior no estuvo en la honorabilidad de los ciudadanos convocados, sino en un diseño institucional que los dejó desarmados.

«El principal problema es la falta de apoyo técnico independiente a los observadores para evitar que acaben observándose a sí mismos», afirmó.

Citó la antigua licitación de la cédula en la Junta Central Electoral, en la que observadores confiables dependían del apoyo técnico de la JCE observada, práctica que afirmó “no es recomendable”.

La advertencia de Julio Cury

que se necesita
Para el jurista Julio Cury, si la vigilancia ciudadana desde el exterior tropezó por falta de independencia técnica, el nuevo plan oficial traslada el desafío al interior de la nómina estatal. Afirma que si bien no se debe descalificar la formación ética, atribuirle por sí sola la capacidad de atacar la raíz de la corrupción administrativa es confundir los medios con el fin.

“La corrupción administrativa no es un problema de desconocimiento de deberes legales, ya que quien manipula una licitación, exige una comisión o desvía fondos públicos, sabe que su conducta es contraria a la ley”, sostiene. En su opinión, el funcionario deshonesto no sólo necesita un taller de valores, sino “la certeza de que será descubierto y castigado”.

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