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domingo, noviembre 22, 2026
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Contrataciones públicas: de la irregularidad al delito

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En el República Dominicana Solemos hablar de irregularidades en la contratación pública cuando los contratos ya han sido adjudicados, los recursos comprometidos y la actuación de las instituciones cuestionadas. Sin embargo, hay una discusión que merece mayor atención: ¿qué responsabilidad tiene el funcionario que tramita o celebra un contrato sin observar los requisitos esenciales establecidos por la ley? El nuevo Código Penal dominicano ofrece una respuesta que debe ser conocida tanto por quienes administran recursos públicos como por las empresas que contratan con el Estado.

El artículo 290 del Ley núm. 74-25que establece el nuevo Código Penal, tipifica el delito de contratación sin cumplimiento de requisitos legales y establece sanciones de cinco a diez años de prisión, además de multas equivalentes a cuatro y hasta diez veces el monto involucrado. La disposición alcanza al funcionario o servidor público que tramita un contrato sabiendo que incumple requisitos legales esenciales, o que lo celebra sin verificar su cumplimiento. Pero hay un aspecto igualmente importante: también contempla la responsabilidad penal de quien contrata con la Administración a sabiendas de estas esenciales irregularidades.

Esta disposición, que ya está en vigor, adquiere especial relevancia en un contexto en el que también tenemos la Ley núm. 47-25 de Contrataciones Públicas, que busca fortalecer los controles, la transparencia y las responsabilidades de quienes participan en las compras y contrataciones del Estado. Y la contratación con recursos públicos no puede entenderse como una simple gestión administrativa. Cada contrato compromete fondos que deben responder al interés general, bajo procedimientos que garanticen la legalidad, la igualdad de oportunidades y el correcto uso de estos recursos.

Presentación de documentos

Carlos Hernández Contreras

Ahora bien, hay que tener cuidado con una cuestión fundamental: no toda irregularidad administrativa constituye necesariamente un delito. El derecho penal exige identificar una conducta expresamente tipificada, verificar sus elementos y demostrar la responsabilidad individual de quien la realiza. De ahí que sea fundamental distinguir entre un error administrativo, una falta susceptible de corrección o sanción disciplinaria, y una actuación que reúne los requisitos para generar responsabilidad penal. Confundir estos escenarios tampoco contribuye a una buena administración pública.

Lo que debemos entender es que la responsabilidad de contratar correctamente no termina en la institución pública. Las personas que participan en estos procedimientos también tienen deberes legales y no pueden ignorar las condiciones bajo las cuales se comprometen los recursos del Estado. La contratación pública debe ser una relación jurídicamente responsable, en la que ninguna de las partes pueda utilizar el desconocimiento deliberado de la ley como mecanismo para justificar actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico.

El verdadero desafío no es sólo contar con nuevas sanciones penales, sino garantizar que las instituciones desarrollen una cultura de cumplimiento, prevención y responsabilidad. Esto requiere capacitar a los servidores públicos, fortalecer los controles internos y garantizar que las decisiones contractuales estén debidamente fundamentadas. Porque la legalidad no debe verse como un obstáculo para el funcionamiento de la Administración, sino como una garantía de que su actuación responde al interés público. El Estado no sólo tiene la obligación de contratar para satisfacer necesidades; Tiene, sobre todo, la responsabilidad de hacerlo conforme a la ley.

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