El estudio de Radiografía de la Seguridad Social. Resultados y Costo Social de las Administradoras de Fondos de Pensiones 2025, elaborado por Francisco Alberto Tavárez Vásquez y Matías Bosch Carcuro, y patrocinado por la Fundación Juan Bosch y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), constituye una contundente radiografía del sistema de AFP en República Dominicana. Sus hallazgos no sólo revelan un modelo de pensiones fallido, sino también una red financiera que opera como mecanismo de transferencia de riqueza de los trabajadores a los grupos económicos más poderosos del país.
Este diagnóstico coincide plenamente con el análisis publicado por los investigadores en febrero de 2025, ¿Quién es quién en el negocio de la seguridad social en República Dominicana?, donde desmontan la narrativa oficial y exponen la incómoda verdad: el sistema de pensiones dominicano es una estructura diseñada para enriquecer a las grandes corporaciones mientras condena a la mayoría a pensiones miserables. Allí advierten que las AFP no administran pensiones; Ellos manejan el poder.
A la luz de este estudio, la reciente decisión de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) de prestar millones de pesos sin garantía a conglomerados como Grupo Estrella, Grupo Rica, Grupo Ramos y César Iglesias no es ni un accidente ni una anomalía. Es la confirmación de un patrón estructural: el sistema de pensiones ha sido capturado y puesto al servicio de intereses privados, mientras que los trabajadores están expuestos a riesgos que un regulador independiente nunca aprobaría.
Ingresos blindados: la falsa moderación de la Ley 13-20
El estudio muestra que la Ley 13-20, presentada como una reforma para “moderar” las comisiones, terminó blindando los ingresos de las AFP. En 2025, los ingresos operacionales alcanzaron los RD$11,562.2 millones, creciendo a un ritmo del 8% anual, muy por encima del periodo previo a la reforma.
Los autores lo explican claramente: “Lo que ha hecho una comisión fija sobre un fondo en crecimiento es proteger los ingresos y las ganancias”.
La reforma no moderó nada. Sólo estabilizó y aseguró el negocio. Las AFP no dependen de la eficiencia, la innovación o la competencia. Dependen de un diseño regulatorio que garantice ingresos crecientes independientemente de su desempeño real.
Este blindaje explica por qué las AFP reportan ganancias que crecen como si fueran bancos de inversión y no entidades de pensiones. Mientras tanto, los trabajadores –los verdaderos dueños del dinero– reciben promesas vacías y tasas de reemplazo que ni siquiera alcanzan para cubrir lo básico. Es un modelo perverso: las AFP se quedan con la ganancia y transfieren el riesgo a quienes menos pueden asumirlo.
Un mercado oligopólico y un regulador capturado
El estudio revela que cuatro AFP concentran el 95,4% de los ingresos del sistema. El índice Herfindahl-Hirschman alcanza 2,426, cifra que describe un mercado oligopólico. En este contexto, la competencia es inexistente y la regulación acaba subordinada a los intereses de los administradores.
Tavárez y Bosch advierten: “Las AFP marcan la pauta y capturan al regulador”.
Esta captura regulatoria también se expresa en el comportamiento público de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP). Cada vez que surgen preguntas objetivas y comprobables, el sindicato no responde con transparencia ni soluciones. En cambio, activa su maquinaria mediática y compra opiniones. Llama a economistas como Andy Dauhajre y Jaime Aristy Escuder, que aparecen como portavoces del capital financiero, repitiendo los mismos argumentos de siempre: que el sistema es “sólido”, que las AFP “generan rentabilidad”, que todo está “funcionando”. Pero nunca hablan de trabajadores ni de pensiones insuficientes.
La decisión de la SIPEN de otorgar préstamos quirografarios a grupos empresariales confirma esta captura. Un regulador independiente nunca permitiría que los fondos de pensiones –recursos de carácter social– estuvieran expuestos a operaciones de alto riesgo sin ningún apoyo. Pero en un mercado capturado, el regulador gubernamental actúa como facilitador para las empresas privadas.
Ganancias crecientes y gastos inexplicables: el coste social del modelo
Las ganancias de las AFP crecieron a RD$5,933.8 millones en 2025, casi triplicando la tasa de crecimiento de la economía dominicana. Pero lo más revelador es el comportamiento de los gastos operativos: aumentaron a un ritmo del 13,7% anual, superando incluso a las ganancias.
El estudio lo documenta: “los gastos operativos y generales alcanzaron los RD$7,198.4 millones en 2025, superando ampliamente las ganancias”.
Este aumento no tiene explicación técnica. No responde a mejoras en la gestión ni a inversiones en infraestructura. Es más bien una señal de que el sistema permite que se inflen los costos para justificar los ingresos y proteger los márgenes.
El resultado es un costo social acumulado de RD$126,489.1 millones, recursos que deberían fortalecer los derechos sociales, no aumentar los balances privados.
Extraordinaria rentabilidad para las AFP, precariedad para los trabajadores
La rentabilidad real de los fondos de pensiones fue del 4,4% en 2025, y la tasa de reemplazo proyectada para los futuros pensionados ronda el 30% del salario. Es decir, el sistema no garantiza pensiones dignas.
Sin embargo, las AFP exhiben indicadores de rentabilidad que superan con creces a los bancos: un ROE de 24,9% y un ROA de 19,9%, cifras posibles sólo porque administran recursos cautivos, sin asumir riesgos reales.
Los autores lo resumen así: “Recurre a un fetichismo de la rentabilidad… ocultando sus deficiencias en materia de protección social”.
Este fetichismo es el mismo que repiten en los medios los economistas contratados por ADAFP: hablan de rentabilidad, pero nunca de pensiones dignas. Hablan de crecimiento financiero, pero nunca de bienestar social.
El círculo del dinero: deuda pública, grupos económicos y privilegios
El estudio documenta que más del 80% de los fondos de pensiones están invertidos en deuda pública y en instrumentos vinculados a grandes grupos económicos. Las AFP financian proyectos corporativos, fideicomisos, centros comerciales, inmuebles y operaciones de intermediación financiera.
El caso de César Iglesias es emblemático: las AFP compraron acciones para salvar a la empresa de un vencimiento de deuda, y tres años después esas acciones valían un 47% menos. Las pérdidas fueron socializadas entre los contribuyentes.
Este patrón revela un circuito perverso: los trabajadores contribuyen. Las AFP administran. Los grupos económicos reciben capital barato. El Estado paga la deuda con impuestos. Los trabajadores asumen el riesgo y reciben pensiones insuficientes.
El nuevo escándalo: préstamos sin garantía a los grupos más poderosos
La decisión de la SIPEN de prestar millones sin garantía a Grupo Estrella, Grupo Rica, Grupo Ramos y César Iglesias es la confirmación más clara de que el sistema de pensiones dominicano ya no es sistema de pensiones.
Un préstamo sin garantía es, en términos financieros, una operación de muy alto riesgo. Ningún banco lo haría. Ninguna entidad responsable lo permitiría. En cambio, el SIPEN sí lo hizo. ¿Porque? Porque el dinero no es tuyo. Es extranjero. Está cautivo. Es obligatorio.
Este comportamiento revela una profunda captura regulatoria. La SIPEN no sólo supervisa; Ahora participa activamente en un plan que socializa el riesgo y privatiza las ganancias.
Un sistema que ya no es de pensiones
El sistema de AFP ha creado una dependencia estructural de la deuda pública, convirtiendo a los trabajadores en financiadores involuntarios del déficit fiscal. Más del 80% de los fondos se destinan a deuda pública, reproduciéndose un círculo donde los contribuyentes aportan capital y luego pagan la deuda con impuestos.
La coexistencia de AFP privadas y una AFP estatal no ha generado ningún efecto moderador. AFP Reservas reproduce exactamente la misma lógica de acumulación que AFP Popular, Siembra y Crecer. En un marco regulatorio capturado, la propiedad no cambia el comportamiento.
El investigador Francisco A. Tavárez lo dice sin rodeos: “¿Son las AFP un mecanismo de ahorro previsional o una estructura de poder que transfiere recursos de las mayorías a grupos económicos privilegiados?”
Y él mismo responde: “Los ahorros de millones de trabajadores alimentan circuitos financieros que favorecen a los grandes actores económicos estrechamente vinculados al poder, mientras las pensiones prometidas siguen siendo insuficientes”.
Un modelo extractivista que requiere transformación estructural
El estudio de Tavárez y Bosch concluye que el sistema de pensiones dominicano opera como un esquema extractivista. La decisión del SIPEN lo confirma. No estamos ante un modelo que busque garantizar pensiones dignas, sino un mecanismo de acumulación privado sustentado en las cotizaciones obligatorias de millones de trabajadores.
Mientras las AFP arrojan ganancias récord y los grupos económicos reciben préstamos millonarios sin garantía, los pensionados actuales y futuros enfrentarán una tasa de reemplazo insuficiente, requisitos casi imposibles de cumplir y un horizonte de incertidumbre.
El sistema no necesita más reformas paramétricas. Requiere una transformación estructural que devuelva la seguridad social a su propósito original: proteger a las personas, no financiar a los poderosos. Para que el Poder Ejecutivo y los legisladores asuman el compromiso de reformar profunda e integralmente la Ley 87-01, será fundamental la participación activa, organizada y beligerante de sus integrantes.
Sin una presión social sostenida, los propietarios de las AFP, la SIPEN y la élite empresarial seguirán dirigiendo un negocio altamente rentable construido con el dinero de las pensiones de los trabajadores dominicanos. La inacción ciudadana sólo garantiza la permanencia de un modelo que privatiza las ganancias y socializa los riesgos, al tiempo que pospone indefinidamente el derecho a una pensión digna.
En términos simples, el modelo de pensiones dominicano ni siquiera cumple con sus propias regulaciones, que exigen priorizar las inversiones en actividades productivas y generadoras de empleo. En cambio, los fondos se concentran en proyectos corporativos ya privilegiados (turismo, energía y construcción), sectores que operan con amplia rentabilidad y no requieren subsidios de pensiones para expandirse.
Este malicioso desvío del mandato legal confirma que el sistema no tiene como objetivo fortalecer la economía real ni crear oportunidades para los trabajadores, sino más bien apoyar circuitos financieros que beneficien a grupos empresariales consolidados, reproduciendo un esquema de acumulación que contradice el espíritu de la Ley 87-01 y vacía de contenido su función social.
