Soy abogado y ocasionalmente ejerzo asuntos laborales. Me acabo de topar con algo que no entiendo: demandaron a mi cliente por pago de participación en las utilidades de la empresa, y me advirtieron que si no presento su Declaración Jurada de Empresas (IR-2) ante el tribunal, lo condenarán, a pesar de que la empresa no obtuvo ganancias. Mi cliente se niega a exponer ese documento confidencial en un juicio público. En Derecho Civil, quien demanda debe probar su demanda (artículo 1315). ¿Cómo es posible que en materia laboral sea el demandado quien tenga que probar? ¿De dónde viene eso? (2 de 2).
Según el artículo 1315 del Código Civil, quien pretende el cumplimiento de una obligación debe probarla (actori incumbit probatio). Es la norma fundamental de todo nuestro derecho procesal.
El artículo 16 del Código del Trabajo sólo establece una excepción: exime al trabajador de probar los hechos que constan en documentos que el empleador debe comunicar, registrar y conservar conforme a ese Código y su reglamento (nóminas, carteles, Libro de Salarios y Salarios).
El IR-2 no aparece ahí: se rige por el Código Tributario. Y es un principio de larga data que las presunciones y las exenciones legales de la prueba son de interpretación restrictiva. Esto es lo que enseña la doctrina francesa.
No hay presunción sin texto: sólo el Legislador puede crearlas – escapan al poder pretoriano del juez – y tiene prohibido extenderlas por analogía a documentos distintos de la legislación laboral.
Por eso existe el artículo 225: el certificado emitido por la DGII indica si hubo ganancias o no, sin revelar el contenido del IR-2, cuya reserva ordena el artículo 47 del Código Tributario, con el fin de proteger la privacidad de la empresa y de los accionistas (artículo 44 de la Constitución).
Con ese expediente en el expediente, nunca se produciría el absurdo de condenar el pago de ganancias a una empresa que no las obtuvo. Todos los intereses están protegidos: el trabajador prueba gratis y la empresa preserva su privacidad.


