El Poder Ejecutivo emitió el Decreto 714-26, disposición reglamentaria que establece un nuevo marco regulatorio y de seguimiento para las compras de sistemas, plataformas informáticas y soluciones tecnológicas que realicen los ministerios y direcciones del Estado dominicano.
La medida busca abordar un problema recurrente en la administración pública: la adquisición aislada de software y licencias que genera duplicidad de gastos, falta de comunicación entre los sistemas de diferentes instituciones y dependencia contractual de proveedores privados.
¿Qué cambia en la práctica con este decreto?
El decreto establece una serie de criterios técnicos para calificar cuando una adquisición digital es “estratégica” y establece un filtro previo antes de que los organismos públicos inicien licitaciones en el área tecnológica.
Los puntos clave para entender el estándar incluyen:
Evaluación de reutilización:
Las instituciones deben verificar si el software o infraestructura que necesitan ya existe o fue desarrollado previamente por otra entidad estatal, reduciendo la compra repetida de programas similares. Control de la titularidad y portabilidad de los datos:
El objetivo es frenar la «dependencia tecnológica injustificada», una práctica en la que los sistemas estatales están atados a formatos cerrados de proveedores externos que dificultan la migración de datos o el cambio de proveedores en el futuro.
Comisión de Seguimiento:
Se crea una instancia técnica conformada por el Ministerio de Administraciones Públicas (MAP), Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Hacienda y Economía, la OGTIC y al Centro Nacional de Ciberseguridad para revisar la viabilidad técnica, interoperabilidad y ciberseguridad de las iniciativas. Mantenimiento del marco de compras:
Decreto 714-26
La norma aclara que no modifica la Ley 47-25 sobre Contrataciones Públicas ni reemplaza la función fiscalizadora de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
Los comités de compras institucionales siguen siendo legalmente responsables de ejecutar las licitaciones, pero deben tener un alineamiento técnico previo.
Módulos y conceptos técnicos introducidos.
El decreto incorpora formalmente varios conceptos de gestión pública de TI:
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Interoperabilidad: la capacidad obligatoria de que las bases de datos de diferentes instituciones consulten e intercambien información entre sí de manera estandarizada y segura. Soberanía digital y datos críticos:
La delimitación de la información confidencial o sensible de los ciudadanos para garantizar que permanezca bajo el control directo del Estado y no de servidores externos o contratos de difícil control.
Registro Digital de Inversiones: El MAP y la OGTIC mantendrán un inventario centralizado de las plataformas desarrolladas y adquiridas, el cual se sujetará a las reglas de transparencia y acceso a la información pública.
