El comercio ilícito es un tema de seguridad nacional para el Gobierno, afirmó ayer el Ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón.
Al pronunciar las palabras de apertura del VI Foro “Combate al Comercio Ilícito en República Dominicana”, organizado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y el MICM, el funcionario afirmó que el Gobierno de Luis Abinader Pasará a la historia por haber colocado este tema entre sus prioridades nacionales.
Recordó que el 16 de agosto de 2020, cuando Abinader llegó al poder, no existía una mesa público-privada para combatir el comercio ilícito y que la DGII y la DGA trabajaron cada una por su cuenta, tratando de cumplir con sus respectivas responsabilidades.
Explicó que, entre 2020 y hoy, el monto liquidado por comercio ilícito ronda RD$20,000 millones.
Sostuvo que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha cerrado más de 60 negocios por competencia ilícita.
Las nuevas manifestaciones de estas prácticas y las propuestas para enfrentarlas fueron abordadas con la participación de Circe Almánzarpor la Asociación Dominicana de Productores de Ron, Erick Pérez, por la Asociación Dominicana de la Industria Cigarrera, Patricia Mena, por la Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas, y Daniela Collado, por la Sociedad de Empresas de Combustibles y Derivados. Aileen Guzmán Coste, directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), dijo que la legislación sobre lavado de dinero es un instrumento para combatir el comercio ilícito.
En un segundo panel, moderado por Mario PujolsParticiparon el vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Nelson Arroyo, director general de Aduanas, Pedro Urrutia, director general de Impuestos Internos y Marcos Balaguer, director de la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, quienes examinaron la evolución institucional en esta materia.
Abogan por el fortalecimiento
El presidente de la AIRD, Julio Virgilio Bracheconsideró prioritario continuar fortaleciendo la coordinación entre autoridades, la colaboración técnica con los sectores productivos y los mecanismos de seguimiento para enfrentar el comercio ilícito, al tiempo que afirmó que combatir estas prácticas constituye una responsabilidad compartida y una condición indispensable para el desarrollo económico y social del país.


