Un juez impuso un año de prisión preventiva, como medida de coerción, contra Edwin Reynaldo Rodríguez Cruzacusado de presuntamente violar sexualmente y matar con un cuchillo a la adolescente Yosnely Álvarezen un hecho ocurrido el pasado domingo en el municipio Villa Bisonó (Navarrete), provincia de Santiago.
Rodríguez Cruz, de 28 años, quien también está acusado de violación sexual agravada en perjuicio de otra menor que acompañaba al fallecido, cumplirá prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres, de la provincia de Santiago.
Además de la prisión preventiva, y atendiendo a la solicitud del Ministerio Público, el tribunal autorizó el pago anticipado de pruebas a la víctima sobreviviente, solicitud que este órgano investigador realizó con la intención de preservar la privacidad de la víctima, así como evitar la revictimización y el riesgo de perder detalles que la memoria no puede preservar.
La adolescente de 13 años intentó huir, pero fue atrapada por el agresor quien la apuñaló múltiples veces y luego arrojó su cuerpo a las aguas del río, donde fue recuperado por las autoridades tras un operativo de búsqueda.
En la solicitud de medidas coercitivas, el Ministerio Público señala que el imputado, quien viajaba a bordo de su motocicleta, se ofreció a transportar a las víctimas para comprar la cena. Luego de caminar por calles y callejones, ingresó a una zona apartada entre matorrales, cercana a la vía que conecta el centro de la ciudad con la comunidad de Capilla, cerca del río Yaque del Norte, donde cometió los crímenes.
La investigación preliminar estableció que la víctima de 14 años logró sobrevivir porque se escondió entre los arbustos cuando el agresor corrió tras su amiga y permaneció allí hasta la madrugada.
Las diferentes diligencias que realiza el equipo investigador buscan construir la teoría de los hechos perpetrados por el imputado, quien enfrenta cargos provisionales por violación de los artículos 117, 118 (numerales 1 y 4), 119, 127, fracción II (2, 3, 4, 5, 8), 135, 137 (2 y 6) y 167, del Código Penal dominicano, modificado por la Ley No. 44-26, que tipifican y sancionan la tortura o actos de barbarie agravados, tratos crueles, inhumanos o degradantes, la violencia de género agravada, la violación sexual agravada con amenazas de muerte y el uso de arma blanca.
Asimismo, el artículo 396 (A, B y C) de la Ley N° 136-03, sobre el Sistema de Protección y Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, en perjuicio de la víctima menor de 14 años.
Además, se le acusa de violar los artículos 117, 118 (1 y 4), 119, 127, fracción II (2, 3, 4, 5, 8), 93, 94 (1), 135, 137 (2 y 6), y 167, del Código Penal dominicano, modificado por la Ley No. 44-26, que tipifican y sancionan la tortura o actos de barbarie. tratos crueles, inhumanos o degradantes agravados, violencia de género agravada, violación sexual agravada, uso de arma blanca y feminicidio agravado. Asimismo, el artículo 396 (A, B y C) de la Ley No. 136-03, en perjuicio de la víctima menor de 13 años.
Un gran equipo obtiene pruebas en el caso
La recolección de información pericial, documental y material es responsabilidad de un equipo multidisciplinario del Ministerio Público, integrado por la Dirección Nacional de Niñez, Adolescencia y Familias (Dinnaf), dirigida por Olga Diná Llaverías; la Fiscalía de Niñez y Adolescencia del distrito judicial de Santiago, representada por la fiscal María Dolores Rojas, y la Unidad de Atención a Violencia de Género de la Fiscalía de Santiago, dirigida por la fiscal Gladisleny Núñez.
También, por la fiscal Xiomara Peña, y el Departamento de Violencia Física (Homicidio) de la Fiscalía, encabezado por su directora Yeilín Durán, y la fiscal Cristina Ramírez.
