El Ministerio Público ha otorgado preliminarmente la calificación legal de trata de personas con fines de explotación laboral al proceso que se sigue contra Ángel Gabriel Capellán, conocido como “el Pastor o Capellán”, e Isaías Ramón Muñoz Rodríguez, acusados de maltratar física y psicológicamente a varios niños, así como de someterlos a trabajos forzados en un local donde operaba la Fundación Restaurando Vida (Un Muerto que Revive), ubicada en el municipio de Bajos de Haina, provincia de San Cristóbal.
“En este momento la calificación jurídica que le hemos dado al proceso es tratamiento a persona con fines de explotación laboral y los presupuestos que hacemos valer en dicha solicitud han sido todos depositados y serán ventilados en la audiencia en el momento correspondiente”, anunció este jueves la fiscal Fanny Garavitos.
Señaló que el órgano acusador aún se encuentra en etapa de investigación y que, una vez que se amplíe aún más, la población podrá tener acceso a todos los documentos que lo integran.
«Los niños son víctimas directas de este proceso y serán representados mediante reparación. Esto tendremos que discutirlo en el tribunal para establecer responsabilidades», enfatizó el juez.
Asimismo, Garavitos informó que la audiencia en la que estaba previsto conocer el pedido de tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción contra los imputados, fue postergada para el día 10 de este mes.
“Junto a los magistrados Rodolfo Reyes y Ana Mercedes Pichardo, miembros del Ministerio Público, hoy se suspendió la audiencia contra Ángel Capellán, al igual que Isaías Muñoz, para el 10 de septiembre, a fin de conocer el avance de las pruebas de los menores que fueron rescatados en la Fundación, así como la Defensa solicitó depositar presupuestos para efectos de la defensa de sus imputados”, declaró.
Acusación
Según el expediente acusatorio, en el marco de un operativo realizado la noche del 29 al 30 de agosto de 2026, el Ministerio Público, junto a otros organismos, rescató a 13 niños, niñas y adolescentes de entre cuatro (4) meses y trece (13) años, quienes se encontraban en la Fundación Restaurando la Vida (Un Muerto Que Revive).
«Las víctimas presentaban evidentes signos de maltrato físico y psicológico. El centro de operaciones intervenido funcionaba bajo la fachada de una fundación y un espacio religioso, ubicado dentro de una finca», afirmó el Ministerio Público.
Indica que el operativo se desencadenó por la fuga de uno de los menores allí retenidos, quien se presentó ante un destacamento policial, alertando a las autoridades sobre las condiciones abusivas a las que eran sometidos los niños, niñas y adolescentes allí alojados.
“La víctima que realizó la denuncia fue evaluada por médico forense, quien concluyó que presentaba múltiples lesiones en toda la piel (rostro, miembros superiores e inferiores, espalda y espalda), así como quemaduras de segundo grado en el dorso de ambas manos, en proceso de curación”, indica el documento.
Agrega que, además, se le realizó una evaluación por parte de un psicólogo forense, perito autorizado para dicha intervención, estableciendo que no asistía a la escuela y que fue obligado a realizar trabajos con madera para la construcción de una vivienda. Asimismo, se determinó que fue sometido constantemente a maltratos físicos y castigos.
En el allanamiento de los domicilios con autorización judicial se identificaron pertenencias ligadas a menores de ambos sexos y diversas edades, prendas de vestir, libretas, uniformes, mochilas, juguetes, reconocimientos y souvenirs escolares, así como actas de nacimiento y documentos personales de personas ajenas al lugar, así como cuchillos.
