Celso Marranzini, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Dominicana de Rehabilitación (ADR), llamó al gobierno y al sector privado a cumplir con la Ley 5-13 sobre Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad, que establece cuotas de inclusión laboral obligatorias: 5% para instituciones públicas y 2% para empresas del sector privado.
Deploró que personas que pasan por un largo proceso de rehabilitación luego no consiguen trabajo, representando una carga para sus familias.
Estimó que, en sentido general, hay menos del 1% de personas con alguna limitación que se encuentran trabajando en ambos sectores.
«¿Qué hacemos con la rehabilitación de un paciente si luego no encuentra trabajo? Tenemos que devolver a la sociedad entidades productivas que no sean una carga para su familia», dijo Marranzini.
Manifestó que, si bien han recibido cierto apoyo del Ministerio de Trabajo y del Consejo Nacional para la Discapacidad (Conadis), se requieren mayores esfuerzos al entender que algunas entidades no cumplen, quizás por falta de información. Planteó la posibilidad de crear incentivos para aquellas empresas que cumplan con la cuota de inserción laboral.
“Creo que eso es parte de nuestro trabajo para incentivar y el gobierno, por supuesto, crear mecanismos donde puedan ir a trabajar, buscar algún mecanismo inteligente donde promovamos el empleo”, dijo Marranzini.
Otra necesidad de las personas con discapacidad que señaló es la falta de adecuación de espacios porque muchos edificios no cuentan con ascensor ni rampa. En ese punto, reconoció que algunos municipios, como el capitalino, han mejorado las aceras para el desplazamiento de sillas de ruedas.
Marranzini abordó el tema durante el Almuerzo del Grupo Corripio donde estuvo acompañado por María Luisa Labernia, directora general de la ADR; Rosa Languasco, Directora de Finanzas; Maireni Germán, de Servicios; Elías Veloz, de Planificación, y Jazmina Nolasco, de Facturación y Seguros.
Servicios
Los directivos hablaron extensamente sobre la labor de Rehabilitación, que en 62 años (1963-2025) ha ofrecido un total de 26 millones de servicios facilitados a través de 35 centros en sus programas de educación especial, rehabilitación inclusiva y medicina física y rehabilitación.
Languasco explicó que el presupuesto anual es de 1.630 millones, de los cuales el 81% proviene de los servicios que ofrece, el 10% de la asignación estatal y el 9% se obtiene a través de captaciones de fondos y donaciones del sector privado. Del total de ingresos, el 66% corresponde a afiliados a la seguridad social.
Tienen una nómina a nivel nacional de 1.500 empleados, cuyo pago representa el 62% de los ingresos y el 38% restante se destina a la adquisición de bienes y servicios.
Desafíos y recursos
Marranzini citó que entre los desafíos de la institución está ampliar el número de centros para reducir el costo del transporte de pacientes y la espera de citas que en algunas especialidades demoran meses.
Veloz informó que hasta septiembre de este año se habían programado más de dos millones de citas.
Marranzini también explicó que también tienen limitaciones por la falta de fisiatras, ya que sólo una universidad forma a estos profesionales. Urgen 14 para sumar a los 68 que tienen en los centros.
Reconoció el apoyo de todos los gobiernos, pero precisó que como entidad sin fines de lucro siempre tienen desafíos económicos. “Nuestro mayor desafío no son sólo las instalaciones y la tecnología, el desafío es la atención al paciente, un paciente debe ser atendido perfectamente”, dijo Marranzini.
Recientemente la ADR inauguró un centro en Barahona y están trabajando para abrir otros en Hato Mayor, Guerra, Cotuí, Sosúa y Boca Chica con apoyo del gobierno y el sector privado.
Marranzini recordó que el proceso de rehabilitación requiere de muchas visitas y si el paciente tiene que viajar desde lugares lejanos es costoso, por eso el desafío es crear centros en diferentes localidades.
Dijo que muchos de los pacientes no cuentan con recursos para pagar los servicios, por lo que son exonerados. A septiembre se registraron 4 mil 195 servicios exentos y un costo de RD$3,197,746.
“Nuestra preocupación es que ningún dominicano quede sin atención”, afirmó.
