Danilo Desiderio/Latinoamérica21
En gran parte del continente africano y América Latina y el Caribe (ALC) se abre una brecha creciente entre lo que los ciudadanos esperan del Estado y lo que los gobiernos han podido ofrecer. Especialmente entre las generaciones más jóvenes, la frustración por el desempleo, la corrupción, la inseguridad y los servicios públicos inadecuados están erosionando cada vez más la confianza en las elites políticas. En África, los últimos datos del Afrobarómetro muestran que el 59% de los ciudadanos considera malas las condiciones económicas de sus países, mientras que el 58% cree que van en la dirección equivocada. El desempleo y la gestión económica se encuentran entre las prioridades más urgentes. La situación es similar en ALC, donde, según Latinobarómetro, sólo el 45% de los jóvenes están satisfechos con el funcionamiento de la democracia, mientras que casi el 40% desconfía de sus gobiernos.
Estas tendencias han reavivado un debate más amplio sobre qué tipo de organización estatal puede impulsar la transformación estructural. Los ciudadanos exigen cada vez más Estados que no sólo sean capaces de resolver los problemas públicos, sino también de promover una transformación productiva.
Esta creciente insatisfacción con el desempeño del Estado no puede atribuirse simplemente al estancamiento económico, ya que muchos países de ambas regiones han registrado un crecimiento relativamente fuerte en los últimos años. Sin embargo, para dos regiones con un enorme potencial demográfico y económico, este nivel de desempeño sigue estando por debajo de su peso. Y, lo que es aún más importante, este crecimiento no se ha traducido sistemáticamente en una transformación estructural. En gran parte de los dos bloques, las economías siguen teniendo dificultades para crear empleo productivo, diversificarse más allá de las materias primas, desarrollar la capacidad industrial y construir la infraestructura y las capacidades tecnológicas necesarias para aumentar la productividad. Por lo tanto, la pregunta no es si África y ALC pueden seguir creciendo, sino si pueden cambiar la estructura de ese crecimiento, convirtiendo la expansión económica en una transformación productiva y una mejora en el nivel de vida de sus poblaciones grandes y en rápido crecimiento.
Aquí es donde la cuestión de la capacidad del Estado se vuelve crucial. El hecho de que el crecimiento no se haya traducido en una transformación estructural sugiere que los Estados deben hacer más que resolver problemas públicos inmediatos: también deben ser capaces de coordinar los actores y procesos económicos a través de los cuales puede ocurrir dicha transformación. Este papel más exigente del Estado se refleja en las prioridades y preocupaciones expresadas por los ciudadanos de ambas regiones, recogidas por Afrobarómetro y Latinobarómetro. En África, estas expectativas están estrechamente vinculadas a una revisión más amplia del modelo democrático, en un contexto de creciente debate sobre si los sistemas democráticos existentes pueden garantizar una gobernanza responsable y responder eficazmente a las necesidades socioeconómicas de los ciudadanos. Estas crecientes dudas sobre los sistemas democráticos existentes están creando espacio político para líderes disruptivos que prometen romper con los órdenes políticos establecidos y construir Estados más fuertes y eficaces. En el Sahel, esta demanda se ha articulado a través del lenguaje de soberanía económica, autosuficiencia y resistencia a la influencia externa, particularmente la de Francia, la antigua potencia colonial. Malí, Burkina Faso y Níger son claros ejemplos de ello. En muchos otros países, como Senegal, Guinea y Sudán del Sur, el discurso político pone cada vez más énfasis en un mayor control nacional de los activos del país para aumentar el valor agregado interno y garantizar que la riqueza de recursos contribuya más directamente al desarrollo nacional.
Sin embargo, hacer realidad estas ambiciones requiere más que voluntad política. La soberanía económica también depende de instituciones fuertes capaces de traducir un mayor control sobre los activos nacionales en inversión productiva, desarrollo industrial y prosperidad de base amplia. Sin esta capacidad institucional, el nacionalismo de los recursos corre el riesgo de convertirse en una política demagógica de propiedad y control, en lugar de una estrategia para construir economías productivas. Sin embargo, la búsqueda de un Estado capaz no se limita a los países que experimentan perturbaciones políticas o persiguen un nacionalismo de recursos. Marruecos es un ejemplo particularmente ilustrativo. Su actual debate político apunta a la necesidad de un Estado capaz de garantizar que los beneficios del desarrollo se distribuyan equitativamente en todo el país. El énfasis en la equidad territorial es especialmente importante, ya que, en última instancia, la capacidad del Estado se pone a prueba no sólo por la calidad de las instituciones centrales, sino también por su
capacidad de proporcionar infraestructura, servicios, oportunidades económicas e inversión pública en territorios con diferentes niveles de desarrollo. En este sentido, la capacidad va más allá del diseño de políticas efectivas y abarca la capacidad de implementar políticas de manera consistente y de traducir la intención de las políticas en resultados que los ciudadanos y las empresas realmente puedan experimentar.
ALC ha expresado la misma demanda de un Estado más capaz mediante otro movimiento de su péndulo político. El reciente giro hacia la derecha en muchos países refleja no sólo un cambio ideológico, sino también una creciente frustración con los gobiernos que no han logrado brindar seguridad, oportunidades económicas y mejoras tangibles en la vida de las personas. Los gobiernos que han surgido de este cambio están aplicando, en diversos grados, disciplina fiscal, estabilidad regulatoria, programas de estabilización macroeconómica y medidas destinadas a reforzar la confianza de los inversores. Argentina y El Salvador se encuentran entre los ejemplos más claros, con esfuerzos sostenidos para recuperar la estabilidad y crear condiciones favorables para la inversión y la expansión productiva. Sin embargo, aunque estas reformas han producido mejoras importantes en la gestión macroeconómica y el entorno de inversión, aún no está claro si pueden traducirse en una transformación estructural sostenida.
Si bien las trayectorias políticas de África y ALC difieren, convergen cada vez más en torno a la demanda de un Estado capaz de demostrar que funciona. Sin embargo, para satisfacer esa demanda difícilmente será necesario resucitar el viejo Estado intervencionista. Ambas regiones han experimentado períodos de desarrollo liderado por el Estado que no lograron generar una transformación estructural. Estas experiencias han dejado una lección política duradera: un Estado más intervencionista no es necesariamente un Estado más capaz. Lo que se necesita, en cambio, es un Estado que actúe como un ágil coordinador de los actores económicos, los alinee en torno a objetivos comunes y cree las condiciones para que sus actividades puedan crecer, expandirse y generar una transformación económica más amplia.
El Estado capaz está situado en la intersección entre el dirigismo y la tecnocracia. No busca controlar la actividad económica, sino más bien moldear las condiciones en las que las empresas pueden surgir, crecer y competir.
Tanto África como ALC han avanzado, aunque de manera desigual, hacia este modelo, pero ninguna de las regiones lo ha logrado plenamente. Sus experiencias muestran que lograr la transformación económica y mejorar las condiciones de vida de una población más
En general, la población requiere más que cambios políticos, un mayor control de los activos estratégicos o reformas económicas ambiciosas. También requiere instituciones capaces de coordinar a los actores económicos y movilizar el conocimiento, el financiamiento, las habilidades y las capacidades tecnológicas necesarias para convertir las oportunidades en resultados económicos. Por lo tanto, la prueba definitiva de este modelo emergente de acción estatal no será cuánto controlan los gobiernos, sino qué permiten que se haga: instituciones que no actúan como sustitutos del sector privado, sino como contrapartes estratégicas, permitiendo el surgimiento de un ecosistema de guerreros económicos que convierten el potencial económico en capacidad productiva, la capacidad productiva en empresas competitivas y las empresas competitivas en prosperidad ampliamente compartida.
