Washington. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusó este martes al Gobierno de Nicolás Maduro de llevar a cabo una represión tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, con «al menos 25 asesinatos, decenas de breves desapariciones forzadas, unas 2.000 detenciones arbitrarias, torturas y actos crueles, inhumanos y degradantes».
La CIDH, órgano de la Organización de Estados Americanos (OEA), publicó este martes un extenso informe, a tres días de la toma de posesión del presidente de Venezuela, cuando Maduro espera asumir su tercer mandato.
El informe afirma que Maduro no sólo “ejecutó prácticas de terrorismo de Estado” para “impedir la participación política de la oposición”, sino que también “implementó una estrategia represiva coordinada para perpetuarse ilegítimamente en el poder”.
El informe, que incluye “las violaciones de derechos humanos observadas por la CIDH a lo largo del proceso electoral”, advirtió que el régimen dividió su estrategia en tres etapas: la primera en el proceso preelectoral, la segunda el día de las elecciones y la tercera, el más represivo, tras la consulta.
Fue después de las elecciones que el Gobierno de Venezuela lanzó la conocida como “Operación Tun Tun” en respuesta a las cerca de 300 manifestaciones que estallaron en el país por “la percepción de fraude”.
“Este operativo dejó al menos 25 asesinatos, decenas de breves desapariciones forzadas, unas 2.000 detenciones arbitrarias (entre niñas, niños y adolescentes), torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y graves violaciones a las garantías judiciales y a la libertad de expresión”. .
Además, añaden que “se utilizaron tácticas como detenciones masivas, allanamientos sin orden judicial, balizamiento de viviendas opositoras, allanamientos en barrios populares y cancelación abrupta de pasaportes”.
Tras estas observaciones, la Comisión señaló que la crisis política en el país y la situación de derechos humanos en Venezuela representan “el resultado de la cooptación total de las instituciones estatales por parte de un régimen que busca sobre todo mantenerse ilegítimamente en el poder”. .
“La opacidad electoral, y en general, las restricciones a los derechos políticos registradas impiden a esta Comisión considerar que la reelección de Nicolás Maduro goza de legitimidad democrática”, anotó.
Pese a esta y anteriores acusaciones de fraude electoral, el próximo viernes 10 de enero Nicolás Maduro espera asumir nuevamente la Presidencia, luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo declarara ganador.
Sin embargo, como denuncia la Comisión, Venezuela “no ha presentado las actas de votación que respalden los resultados”.
La CIDH instó a la comunidad internacional “a reconocer la grave crisis de derechos humanos en Venezuela y a mantenerse alerta ante nuevas escaladas represivas” y pidió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional presentar formalmente “un caso por la comisión de crímenes contra humanidad».
Al final del documento, la Comisión estableció una lista de recomendaciones en materia de democracia, administración de justicia, derechos políticos, seguridad ciudadana y libertad de expresión.
