Hoy comparecerán ante el juez de la Oficina de Atención Permanente del Imputados médicos del Distrito Nacional 21 de supuestamente prestar sus códigos para validar consultas, estudios y cirugías ficticias cobradas irregularmente a la ARS estatal. En la audiencia, prevista para las 2:00 de la tarde, se conocerá el pedido de medidas coercitivas en su contra, por el denominado caso Senasa 2.0.
Con ellos también aparecerán cuatro empleados o ex empleados del Senasa. Todos permanecen recluidos en la prisión preventiva del Juzgado de Ciudad Nueva.
¿Qué pide el diputado?
A través de la Procuraduría Anticorrupción (Pepca), el órgano de fiscalía solicita 18 meses de prisión preventiva para el grupo de 25 imputados, que incluye a los médicos y prestadores de salud procesados, y que el caso sea declarado complejo.
medicos en prision
Según el expediente de medidas coercitivas, los médicos imputados en esta segunda fase del caso Senasa son: Eisnten Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luis Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Griselda Altagracia Basora Ramírez.
También los doctores Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Días Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Rafael Mauricio Cabral González, Laura Altagracia Santana Evangelista, Víctor Felipe Rodríguez García, Wander Manuel Díaz Encarnación, Yocaira Antonia Méndez Beltré, Marcelino Eusebio Figuereo y Ernesto Mercedes Lugo.
Empleados y ex empleados
Según la solicitud de medida coercitiva, se trata de: Heidy Coronado Paulino, quien laboraba en el Departamento de Autorizaciones Médicas y tenía acceso directo a la base de datos e información confidencial de los afiliados; Angeury Guzmán Vásquez, exfuncionaria que, según el Ministerio Público, actuó como “enlace estratégico” en el esquema de falsificación y autorizaciones fraudulentas; y Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y Lucreisy Polanco Núñez, presuntos colaboradores/intermediarios vinculados en el expediente principalmente a la logística de movimientos financieros y transferencias de dinero dentro de la red.
la acusación
El Ministerio Público atribuye al grupo ser parte de una red de corrupción administrativa, fraude clínico y farmacéutico que habría robado RD$40 millones, delitos que tipifica como: asociación de malhechores, defraudación al Estado, malversación y prevaricación, falsificación de documentos falsos, lavado de dinero y coalición de funcionarios y cobro de sobornos.
Individualización por código penal
Salvo contadas excepciones donde el cargo público es notorio, como el caso del doctor Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, ex subdirector del Hospital Dr. Darío Contreras, el expediente omite el centro de trabajo específico de los demás médicos, a quienes identifica por sus datos personales y sus números de exequátur/código de Prestador de Servicios de Salud (PSS) ante el Senasa, que era el mecanismo a través del cual realizaban reclamos de pago. Entre ellos se encuentran cirujanos, pediatras, ginecólogos y otros especialistas. La gran mayoría ejerce en el sector privado o de forma ambulatoria en consultorios independientes, dice el documento de solicitud de medida.
