Mientras esperaban respuestas de las autoridades sobre las circunstancias en las que murieron sus hijos, miembros de la Comité de Familiares de Víctimas de Ejecuciones Policiales Ayer acudieron a la Fiscalía General de la República, exigiendo que se investiguen a fondo los casos y se establezcan responsabilidades contra los agentes involucrados.
Entre los testimonios recabados durante el encuentro estuvo el de Denicia Germán, madre de Osvaldo Javier, quien denunció que su hijo fue asesinado el 8 de julio de 2024 mientras estaba sentado frente a una iglesia en el sector Colinas de Haina, en San Cristóbal.
Según su relato, el hecho ocurrió cuando agentes motorizados de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) arribaron al lugar y dispararon contra el joven, a quien calificó como una persona sin antecedentes penales ni conflictos con las autoridades.
Germán explicó que luego de aproximadamente un año de investigación en San Cristóbal, el expediente fue remitido a la Fiscalía General de la República, donde continuó un año y tres meses más sin ser atendido y sin recibir información concluyente sobre el proceso.
«No estoy pidiendo que pongan a los agentes en 29, no. Lo que estoy pidiendo es que se les dé todo el peso de la ley porque se sabe que el chico iba grave, y no es justo que dos años y medio después tenga que estar llamando todas las semanas para decirme cómo va el caso», aseveró.
Otro testimonio fue el de Andrés Perdomo, padre de Erick Cabrera, quien denunció que su hijo murió durante un operativo policial en el sector Herrera, luego de recibir amenazas de agentes que lo buscaban por supuesta información sobre un caso de homicidio en el que ni siquiera había participado.
Perdomo aseguró que un oficial al que identificó como “Mayor Pascual” le habría exigido a su hijo la suma de RD$300 mil a cambio de dejarlo tranquilo y ofrecerle información sobre quién lo habría involucrado en el caso.
Ante el temor a las amenazas, el padre dijo que el joven decidió acudir a la casa de un cuñado, de donde horas después recibió la llamada de que habían asesinado a su hijo.
“Estoy aquí porque quiero saber por qué mataron a mi hijo. Lo que pido es que casos como el mío que están inconclusos, que por favor les presten atención”, dijo.
CNDH se hace eco
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de República Dominicana (CNDH-RD) también se sumó a los reclamos de los familiares, cuyo presidente, Manuel María Mercedes, informó que la entidad ha contabilizado aproximadamente 234 muertes durante intervenciones policiales en lo que va de 2026.
Mercedes cuestionó que los hechos se presenten como un intercambio de disparos sin que, a su juicio, se conozcan datos suficientes sobre las agotadas investigaciones y las correspondientes responsabilidades penales.
En este sentido, la organización llamó a la Fiscal General, Yeni Berenice Reynoso, a informar públicamente sobre el estado de los expedientes, así como peritajes forenses y balísticos que permitan determinar las circunstancias de cada muerte.
El Congreso también pide explicaciones
Las denuncias por la muerte de ciudadanos durante intervenciones policiales también han llegado al Congreso Nacional, donde el senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras, presentó el 14 de octubre una resolución para invitar a la ministra del Interior y Policía, Faride Raful, y al director de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García, a comparecer ante el pleno del Senado y explicar los procedimientos utilizados para los operativos.
La iniciativa busca que ambos funcionarios ofrezcan detalles sobre los criterios y mecanismos de control aplicados durante las intervenciones.
Sin embargo, a un mes de su depósito y de haber sido enviada a una comisión especial para su estudio y consideración, la resolución continúa sin presentar avances.


