El país que arde Una montaña en llamas Parece lejano hasta que sus consecuencias llegan al agua que bebemos.
Los incendios forestales que azotan a República Dominicana dejan una herida mucho mayor que los kilómetros cuadrados quemados. La recurrencia puede impedir la regeneración del bosque. Pero los daños también bajan por las laderas, empobrecen el suelo, llegan a los ríos y se instalan en nuestra vida cotidiana.
Cada incendio debilita nuestras defensas contra el cambio climático y compromete la disponibilidad de agua suficiente y de calidad. Cultivos, acueductos, viviendas y caminos quedan expuestos. Las estrategias nacionales de desarrollo, las inversiones públicas y la seguridad social y ciudadana están comprometidas. Está en juego la habitabilidad del territorio: nuestra posibilidad de seguir viviendo aquí con salud, sustento y dignidad.
Por lo tanto, prevenir incendios debe ser una prioridad permanente del Estado, expresada en presupuestos, planificación y responsabilidades verificables.
Necesitamos personal capacitado, bien remunerado, disciplinado, seleccionado por su capacidad y enamorado de su trabajo. Personas apoyadas con equipos, protección y condiciones dignas para cuidar los bosques y regresar a sus hogares.
Las comunidades deben participar en la prevención, vigilancia y alerta temprana; también, a través de brigadas entrenadas, equipadas y coordinadas, en el control de los primeros intentos.
La prevención también requiere investigar las causas y aplicar sanciones estrictas y efectivas a quienes provocan incendios, los ordenan o los financian. La responsabilidad debe llegar a todos, independientemente de su poder económico o político.
Debemos gratitud y apoyo a quienes luchan contra el fuego. Corresponde a quienes gobiernan garantizar que esa entrega tenga recursos y continuidad.
Cuidar los bosques es defender el país donde tendrán que vivir nuestros hijos.
