La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en el marco de la investigación del caso SeNaSa 2.0-A, señala la participación de varios médicos y sostiene que datos personales de afiliados al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) fueron utilizados para sustentar reclamos médicos por servicios que afirman no haber recibido.
Según la orden de aprehensión contra los involucrados en el caso SeNaSa 2.0-A, el Ministerio Público envió al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) planillas de reclamos médicos supuestamente firmadas por afiliados, con el propósito de realizar pericias caligráficas.
Los resultados de estos peritos, según la investigación, determinaron que varias de las firmas estampadas en los formularios de reclamos médicos no corresponden a las firmas de los afiliados.
Entre los médicos mencionados en la investigación se encuentran Adriano Hernández López, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Rafael Mauricio Cabral González, Einstein Rafael Borrome Valdez, Wellington Aristides Ledesma Cáceres, Yocaira Antonia Méndez Beltré de Medina, Steven Alexander Rabssa Fernández y Eulalia Fiordaliza Castro López, entre otros que actualmente se encuentran bajo investigación.
El Ministerio Público sostiene que estos, en asociación ilícita con Ángel Luis Guzmán Vásquez, quien se encuentra en prisión por su vinculación con la estructura investigada en la primera parte del caso SeNaSa, desmantelada mediante la Operación Cobra, habrían estructurado y ejecutado de manera coordinada un esquema de fraude en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Esta acción, según la acusación, generó importantes daños económicos al sistema de seguridad social dominicano y violó gravemente la confianza pública depositada en el ejercicio de la medicina.
Para llevar a cabo estas acciones, el imputado Ángel Luis Guzmán Vásquez y sus asociados seleccionaron estratégicamente perfiles de afiliados con bajo historial de interacción institucional, minimizando así el riesgo de detección de fraude.
A nombre de estos usuarios, iniciaban solicitudes de autorización a través del Call Center del SeNaSa y, una vez obtenidas, completaban el proceso elaborando y presentando facturaciones sustentadas en documentación que el Ministerio Público cataloga como falsificada.
Este proceso culminó con el desembolso de fondos públicos a los médicos investigados por servicios que, según la investigación, los afiliados nunca requirieron ni recibieron. El Ministerio Público sostiene que habrían devuelto parte de las ganancias al imputado Ángel Luis Guzmán y su grupo.
Miembros niegan haber recibido servicios
En el caso SeNaSa 2.0-A, un grupo de afiliados del ARS SeNaSa habrían resultado perjudicados por esta estructura criminal.
Según la investigación, a pesar de aparecer en formularios de reclamos médicos, algunos de estos afiliados no recibieron ningún tipo de servicio por parte del Dr. Adriano H. López.
El expediente también señala múltiples transacciones financieras entre el médico y el imputado Ángel Luis Guzmán Vásquez.
Otro grupo de afiliados se habría visto afectado a través de denuncias atribuidas a la doctora Griselda Basora, quien, según la investigación, también aparece vinculada al investigado Ángel Luis Guzmán Vásquez por distintas transacciones financieras.
El Ministerio Público ha entrevistado a un número importante de afiliados, quienes han manifestado categóricamente que no han recibido los servicios médicos que aparecen en los formularios de reclamo médico elaborados a su nombre.
Los declarantes también manifestaron desconocer a los médicos que firmaron los mencionados formularios y los diagnósticos contenidos en ellos, según la orden de aprehensión contra los involucrados en el caso SeNaSa 2.0-A.
Asimismo, establecieron que nunca visitaron los centros u oficinas médicas donde aparecieron las autorizaciones, y fueron enfáticos en señalar que no solicitaron, firmaron ni recibieron los procedimientos médicos registrados a su nombre.
Otros afiliados entrevistados
Incluso expresaron que en las fechas y horarios en que se reportó la realización de procedimientos quirúrgicos o consultas especializadas se encontraban realizando actividades que imposibilitaban su presencia en los centros de salud.
Entre estas situaciones, se documentó que algunos se encontraban en sus lugares de trabajo, en sus domicilios, fuera de la ciudad o, en casos puntuales, fuera del país, descartándose, según sus declaraciones, cualquier posibilidad de haber asistido a consultas o cirugías registradas a su nombre.
Asimismo, los integrantes entrevistados coincidieron en desconocer por completo tanto la existencia como la ubicación de los centros de salud o clínicas donde supuestamente recibían atención.
Los afiliados informaron sobre servicios que afirman no haber recibido
Sumado a esto, múltiples afiliados reportaron directamente a los servicios del SeNaSa que afirman no haber recibido de varios médicos, entre ellos Adriano Hernández López, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Laura Altagracia Santana Evangelista, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Rafael Mauricio Cabral González, Einstein Rafael Borrome Valdez, Wellington Aristides Ledesma Cáceres, Yocaira Antonia Méndez Beltré de Medina, Steven Alexander Rabssa Fernández y Eulalia. Fiordaliza Castro López, así como otros médicos investigados.
Según el expediente, estos médicos presentan múltiples transacciones económicas con el imputado Ángel Luis Guzmán Vásquez, según la revisión de su información financiera realizada durante la investigación.
La coincidencia entre estos testimonios, provenientes de miembros residentes en puntos geográficamente distantes del país y con perfiles diversos, es presentada por el Ministerio Público como evidencia de una selección deliberada de víctimas.
Los demandados, según la investigación, eligieron perfiles que, por su ubicación o baja frecuencia de uso del seguro, eran difíciles de localizar o monitorear, bajo la premisa de que no detectarían el uso no autorizado de sus datos personales.
Este patrón, según el Ministerio Público, revela una estructura criminal ejecutada con método y planificación, encaminada a defraudar sistemáticamente al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), mediante la suplantación de identidad y la falsificación de firmas.
Experiencia caligráfica del INACIF
Durante la investigación, el Ministerio Público envió al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) hojas de reclamos médicos y documentación relacionada con los integrantes afectados, para que se realicen pericias caligráficas.
En ese sentido, respecto de la doctora Griselda Basora, se enviaron al INACIF hojas de reclamo médico supuestamente firmadas por afiliados. Al realizar el peritaje de firmas se determinó, según consta en el expediente, que las firmas de los formularios antes mencionados no correspondían con las firmas de los vocales.
Asimismo, respecto del doctor Adriano H. López, se enviaron al INACIF planillas de reclamos médicos supuestamente firmadas por afiliados. Las pericias realizadas, según la investigación, determinaron que las firmas de los formularios mencionados no correspondían con las firmas de los integrantes.
Asimismo, en relación con el doctor Edwin Batista, se enviaron al INACIF hojas de reclamo médico supuestamente firmadas por afiliados. Al realizar el peritaje se determinó, según el expediente, que las firmas de los formularios antes mencionados no correspondían con las firmas de los vocales.
En cuanto a la doctora Laura Altagracia Santana Evangelista, también fueron enviados al INACIF formularios supuestamente firmados por afiliados. La pericia determinó, según la investigación, que las firmas de los formularios mencionados no correspondían con las firmas de los vocales.
