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domingo, octubre 18, 2026
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Reconocen al Defensor del Pueblo por cumplir estándares de transparencia y garantizar acceso a la información

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Santo Domingo. – La Defensoría del Pueblo fue reconocida por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG) por cumplir con estándares de transparencia y garantizar el libre acceso a la información pública.

El órgano constitucional logró una puntuación de 99 puntos en la evaluación del Ranking de Transparencia, correspondiente al periodo de junio de 2025 a mayo de 2026, lo que refleja el cumplimiento de los estándares establecidos y su compromiso con garantizar el derecho de la ciudadanía a acceder a la información pública.

La distinción fue entregada por la directora de la DIGEIG, Milagros Ortiz Bosch a la encargada de Libre Acceso a la Información Pública del organismo extrapoder, Mónica del Villar, durante la celebración de la Semana del Derecho a la Libertad.

Sabre 2026, iniciativa encaminada a fortalecer el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la transparencia, el gobierno abierto y la participación ciudadana en República Dominicana.
Este reconocimiento resalta los esfuerzos realizados por la institución garante de los derechos humanos, valorada por ser un referente de buena administración.

Como parte de las iniciativas implementadas por la Defensoría del Pueblo para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, se destacó la conformación de su Comité de Integridad, Gobernanza y Cumplimiento Gubernamental (CIGCG), así como la ejecución de su presupuesto, compras y contrataciones en línea, entre otras acciones.

Por su parte, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, reafirmó el compromiso del órgano constitucional de garantizar que la institución sea un referente en acceso a la información y transparencia. Enfatizó la necesidad de seguir fortaleciendo los mecanismos de transparencia en el país.
Acerca de la Semana del Conocimiento 2026

Una jornada que busca concientizar a la población sobre la importancia de conocer, ejercer y defender el derecho de acceso a la información, así como fortalecer las capacidades de los servidores públicos responsables de garantizar su cumplimiento en las instituciones del Estado.

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