Santo Domingo.-La nueva composición de la Corte Suprema de Justicia reúne a profesionales de diversa trayectoria en el sistema judicial dominicano. Entre los seleccionados se encuentran jueces con décadas de experiencia en diferentes jurisdicciones, así como una abogada que ha desarrollado su carrera en la práctica privada, la docencia y el arbitraje.
El grupo estará encabezado por Justiniano Montero Montero, designado presidente del máximo tribunal por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), y también integrado por Ylona María de la Rocha Camilo, Diomede Ydelfo Villalona Guerrero, Amauri Antonio Pimentel Fabián, Arelis Socorro Ricourt Gómez, Antonia Josefina Grullón Blandino y Julio César Emilio Canó Alfau.
Sus perfiles profesionales muestran experiencias en áreas como derecho civil y comercial, penal, administrativo, judicial y protección de la niñez y adolescencia.
A continuación, un repaso a la formación académica y trayectoria profesional de cada uno.
Justiniano Montero Montero, presidente de la Corte Suprema de Justicia
Montero Montero tiene una carrera de varias décadas en el sistema judicial dominicano. Ingresó al poder judicial en 1998 y, antes de ser designado magistrado de la Corte Suprema de Justicia en abril de 2019, ocupó distintos cargos en la jurisdicción civil y comercial y en la administración de la carrera judicial.
Tiene un doctorado en Derecho por la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). También realizó un máster en Sociedad Democrática, Estado y Derecho en la Universidad del País Vasco y otro en Derecho Administrativo y Gestión Municipal en la Universidad de Castilla-La Mancha. Su preparación incluye estudios de especialización en derecho constitucional y judicial.
A lo largo de su carrera ha participado en iniciativas relacionadas con la ética judicial y la transformación institucional. Entre ellos está su vinculación con la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial y los trabajos de modernización del Poder Judicial, incluyendo el proceso de implementación de la Ley 339-22 sobre el uso de medios digitales.
Ylona María de la Rocha Camilo, carrera fuera de la judicatura
A diferencia de otros miembros seleccionados, Ylona María de la Rocha Camilo ha desarrollado su carrera principalmente en el ejercicio privado del derecho, la docencia y el arbitraje.
Nació en Santiago en 1971 y se graduó magna cum laude de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) en 1993.
Su formación académica incluye una maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica, otra en Derecho Comparado e Internacional de los Negocios y un doctorado en Derecho, finalizado en 2022 a través de un programa vinculado a la PUCMM y la Universidad Externado de Colombia.
Desde 1993 ejerce la abogacía en la firma De la Rocha y Asociados. Además, Es docente en la Facultad de Derecho de la PUCMM, en Santiago, desde 2003.
Su experiencia también abarca el arbitraje comercial, área en la que figura como árbitro de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago desde 2006.
Diomede Ydelfo Villalona Guerrero, experiencia en diferentes jurisdicciones
El recorrido de Diomede Ydelfo Villalona Guerrero por el sistema judicial incluye responsabilidades en tribunales civiles, laborales y contencioso-administrativos.
Se graduó en Derecho en 1991 y comenzó a desempeñar funciones vinculadas al sistema de justicia como registrador de títulos en Baní, cargo que ocupó entre 1996 y 1998.
Posteriormente fue juez de paz de Villa Fundación, juez de instrucción de Peravia y juez de la Sala Civil, Comercial y Laboral del Juzgado de Primera Instancia de esa provincia. Su incorporación formal a la carrera judicial se registra desde abril de 2007.
En 2012 pasó al Tribunal Superior Administrativo, donde trabajó en distintas salas y llegó a ser presidente de la Segunda Sala entre 2014 y 2019.
Su experiencia le ha permitido conocer tanto litigios entre particulares como procesos en los que se cuestiona actuación de la Administración pública.
Amauri Antonio Pimentel Fabián, vinculado a la jurisdicción penal
Amauri Antonio Pimentel Fabián ha desarrollado su carrera en el ámbito penal y se desempeña como presidente de la Sala Penal de la Corte de Apelaciones del Departamento Judicial de La Vega.
Nacido en Cotuí en 1956, obtuvo el doctorado en Derecho en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en febrero de 1985.
Dentro de su formación especializada se encuentra la formación en Derecho Judicial impartida por la Escuela Nacional de la Magistratura entre los años 2002 y 2004. También ha realizado capacitaciones sobre sentencia, sistema penal acusatorio, investigación de delitos y administración de justicia.
Su expediente también registra capacitación especializada en redacción de sentencias en Puerto Rico, en enero de 2024, y estudios de alta dirección durante 2025.
Arelis Socorro Ricourt Gómez, más de tres décadas en el Poder Judicial
La trayectoria de Arelis Socorro Ricourt Gómez está marcada por su permanencia en el fuero civil y comercial. Ingresó al Poder Judicial el 13 de noviembre de 1991 y desde 1998 ocupa la presidencia de la Sala Civil y Comercial de la Corte de Apelaciones de La Vega.
También se desempeña como coordinadora departamental y ha asumido responsabilidades en organismos vinculados a la formación y gestión de jueces.
Entre 1999 y 2002 representó a los presidentes de tribunales ante el Consejo Directivo de la Escuela Nacional de la Magistratura.
Su preparación académica incluye estudios en instituciones nacionales e internacionales, entre ellas la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Universidad de Saboya, en Francia.
Asimismo, ha participado en iniciativas de mediación, acceso a la justicia y modernización tecnológica. En 2025 recibió el reconocimiento del Poder Judicial a su trayectoria, cuando acumuló más de 33 años de servicio.
Antonia Josefina Grullón Blandino, especializada en infancia y familia
Antonia Josefina Grullón Blandino tiene experiencia en la jurisdicción especializada de niñez y adolescencia. Actualmente se desempeña como juez de la Corte de Apelaciones de Niñez y Adolescencia del Distrito Nacional.
Nació en Santo Domingo en 1960 y se licenció en Derecho en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) en 1983. Posteriormente realizó la especialidad en Derecho Judicial en la Escuela Nacional de la Magistratura.
Antes de incorporarse a la carrera judicial en 1999, trabajó en el sector privado y en el Consejo Nacional de la Niñez (CONANI), donde ocupó funciones jurídicas y directivas.
Durante su gestión como jueza ha participado en espacios de cooperación internacional relacionados con la protección de menores. Desde 2008 es juez de enlace de la Red Internacional de Jueces de La Haya.
También ha realizado labores docentes en la Escuela Nacional de la Magistratura y su candidatura recibió el apoyo de FINJUS y de las centrales sindicales CNTD, CNUS y CASC.
Julio César Emilio Canó Alfau, trayectoria en la justicia penal
Julio César Emilio Canó Alfau es otro de los jueces cuya carrera se ha desarrollado principalmente en la jurisdicción penal. Actualmente preside la Sala Penal de la Corte de Apelaciones del Distrito Nacional.
Nació en Santo Domingo en 1961 y se doctoró en Derecho en la Universidad Central del Este en 1984. Posteriormente amplió su formación con estudios de especialización en Derecho Judicial.
Ingresó al Poder Judicial el 12 de enero de 1985. Desde entonces ha desempeñado distintos cargos, entre ellos juez de paz, juez de instrucción y juez de primera instancia en materia penal.
En 2001 pasó a formar parte de la Sala Penal de la Corte de Apelaciones del Distrito Nacional, tribunal cuya presidencia ocupa desde mayo de 2012.
Además de sus funciones jurisdiccionales, ha participado en el Comité de Ética del Poder Judicial y en actividades de capacitación dirigidas a jueces.
Su historial incluye evaluaciones de desempeño de 100 puntos entre 2020 y 2025, período durante el cual se produjeron modificaciones en la escala de evaluación.
También intervino en la audiencia de recursos relacionados con el caso Antipulpo, en 2021, y en 2023 recibió un reconocimiento de Participación Ciudadana por su integridad y lucha contra la corrupción.
Su solicitud contó con el apoyo de FINJUS, ADOCCO y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
