Santo Domingo.- Un móvil obsoleto, cuyo valor de mercado apenas ronda RD$3,000mantiene un tenso enfrentamiento legal entre el Ministerio Público y Juan Francisco Álvarez Carbucciaexdirector administrativo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
El exfuncionario exige la devolución de su equipo y advierte que, de no hacerlo, el Estado deberá pagarle una indemnización de siete millones de pesos.
Álvarez Carbuccia está entre los involucrados en la llamada Operación Camaleón y Fue enviado a juicio el 5 de junio. junto al ex director de Intrant, Hugo Beras y el empresario Jochi Gómez.
El origen del embargo y el cálculo millonario
La polémica surge a raíz de los allanamientos realizados por las autoridades al inicio de las investigaciones. Durante estas investigaciones, el Ministerio PúblicoEl dispositivo fue decomisado como parte de los bienes incautados a los imputados.
La actual disputa judicial surgió cuando, luego de haber concluido la fase de investigación y enviar el caso a juicio, la defensa de Álvarez Carbuccia Presentó un recurso judicial (incidente) exigiendo la devolución de sus pertenencias. Cuando la fiscalía se negó, el caso pasó a los tribunales..
¿De dónde salen los siete millones?
Según los argumentos de la defensa, esta cifra astronómica no está relacionada con el coste del dispositivo, sino más bien Se propone como compensación por daños y perjuicios ante lo que califican como una “retención arbitraria e ilegal” de propiedad privada.
Asimismo, el monto se basa en la acumulación de una sanción económica (legalmente conocida como astreinte), calculada por cada día de demora en que el Estado se haya negado a devolver el bien una vez finalizada la averiguación previa.
Valor probatorio versus valor comercial
El principal punto de debate radica en la necesidad de conservar el dispositivo ahora que el caso ha pasado a otra etapa. El Ministerio Público sostiene que el celular conserva valor probatorio esencial.
El argumento del organismo acusador es claro al establecer que la relevancia de la prueba no depende de su costo monetario, sino de la información que contiene y de su conexión directa con los delitos investigados, que en este caso incluyen presunta corrupción administrativa, sabotaje a la red de semáforos y lavado de dinero.
¿Qué establece la ley sobre la devolución de pruebas?
El marco legal dominicano es específico para este tipo de escenarios. Él artículo 190 del Código de Procedimiento Penal establece que los objetos decomisados que no sean objeto de decomiso deberán ser devueltos a la persona de cuya posesión fueron obtenidos, tan pronto como el Ministerio Público pueda prescindir de ellos para la investigación.
Esta misma norma contempla que el La devolución se puede ordenar de forma provisional. (como depósito judicial), lo que obligaría al poseedor a presentar nuevamente la cosa si el tribunal así lo requiere.
Finalmente, el artículos 366 y 367 Disponen que es la sentencia de fondo, ya sea absolutoria o condenatoria, la que ordena la restitución definitiva de los objetos retenidos que no son objeto de decomiso, entregándolos a quien tenga mejor derecho a poseerlos.
Próxima audiencia
La jueza Patricia Padilla dejó el incidente en estado de fallo y fijó para el próximo 23 de julio leyendo tu decisión. En esta audiencia se espera que el tribunal determine si acoge el pedido de Álvarez Carbuccia de restitución del antiguo teléfono móvil o si, por el contrario, avala que el Ministerio Público lo conserve por su peso como prueba pericial.
