Por falta de quórum, el Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís pospuso para el próximo 2 de octubre la audiencia para conocer la acusación del Ministerio Público contra el subteniente del Ejército Orlando Ramírez Medina, procesado por violencia de género, intrafamiliar y trata de personas en perjuicio de su expareja.
La vicefiscal general María del Carmen de León explicó que el tribunal no pudo sesionar porque a la audiencia solo se presentó un juez. También cuestionó las constantes postergaciones que han impedido el avance de un proceso penal que comenzó hace unos seis años.
De León recordó que en la audiencia anterior, celebrada el 27 de mayo, la víctima no fue llevada a disposición judicial. Además, explicó que los jueces posteriormente se inhibieron porque habían conocido de otra causa penal relacionada con la mujer.
«El Ministerio Público está listo para escuchar su acusación. Siempre estamos listos», dijo la vicefiscal al salir del tribunal.
El equipo del Ministerio Público está integrado por De León, la fiscal judicial Yoanna Bejarán, titular de la Fiscalía Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), y la fiscal América Ramírez, en representación de la Fiscalía de San Pedro de Macorís.
Lo que acusa el Ministerio Público
Según la investigación, Ramírez Medina, quien también es empresario, habría agredido física, verbal y psicológicamente en varias ocasiones a su expareja, ciudadana venezolana, además de amenazarla de muerte y disponer su deportación de República Dominicana.
Uno de los hechos ocurrió el 13 de noviembre de 2019, en la residencia del imputado, ubicada en el sector Hazim, de San Pedro de Macorís. Según la acusación, ese día golpeó y amenazó de muerte a la mujer.
Un examen realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) documentó múltiples traumatismos en el antebrazo y la pierna derecha de la víctima.
Durante la investigación también se estableció que la mujer había sufrido otras agresiones. Los partes médicos registraron traumatismos, abrasiones y heridas en cabeza, brazos, pierna y tórax, además de lesiones en dos dedos de la mano derecha.
Las evaluaciones psicológicas, según el Ministerio Público, reflejaron altos niveles de ansiedad y síntomas de depresión, así como preocupación constante, irritabilidad y dificultades para dormir.
Acusación de trata de personas
El Ministerio Público también acusa a Ramírez Medina de trata de personas. Según la investigación, el oficial habría contactado a la mujer a través de redes sociales y le habría facilitado los medios para que viajara a República Dominicana.
Una vez en el país, sostiene la acusación, la habría sometido a explotación laboral mediante abuso de poder y aprovechándose de su situación vulnerable.
El órgano de acusación afirma que el acusado había establecido una relación servil con la víctima, limitando su libertad de circulación y su derecho a la intimidad.
El vicefiscal general De León calificó el caso de delicado porque se trata de hechos que, según la acusación, constituyen violaciones a derechos fundamentales protegidos por la Constitución dominicana y convenios internacionales.
El Ministerio Público reiteró que está preparado para presentar las pruebas y sostener la acusación, mientras el tribunal fijó la próxima audiencia para el 2 de octubre.
