SANTO DOMINGO.- La procuradora judicial Mirna Ortiz calificó de legítima la preocupación expresada por Participación Ciudadana (PC) ante el retraso que tienen los grandes casos de corrupción administrativa en los tribunales y consideró que los tribunales tienen que utilizar las herramientas del Código Procesal Penal y avanzar, porque toda la sociedad necesita una solución a los procesos.
“Desde nuestra perspectiva, lo que tiene Participación Ciudadana es un cuestionamiento legítimo a la demora que ha tenido este tribunal en los procesos judiciales”, dijo el titular de la Fiscalía Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), al responder preguntas de la prensa durante un receso en la audiencia del caso que se conoce en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Participación Ciudadana, en su informe de seguimiento a los casos de corrupción en el sector público que se conocen en los tribunales, presentó esta semana su octavo informe dedicado exclusivamente al caso de Jean Alain Rodríguez y Acciones.
El movimiento cívico recordó que las medidas coercitivas contra los imputados en el mencionado proceso fueron dictadas el 14 de julio de 2021. “Unos dos años después se llevó a cabo el juicio preliminar, que requirió 95 audiencias. El inicio del juicio de fondo fue convocado para el 23 de septiembre de 2024 y a esta hora, 18 meses después, se ha resentido en 22 oportunidades, en las que solo se han discutido los incidentes presentados por los imputados, en contradicción con lo dispuesto en el artículo 305 del Código Procesal Penal», indica el informe en el que advierte al sistema de justicia sobre el peligro para la lucha contra la impunidad que implica la demora en conocer y decidir el fondo.
Al responder a los periodistas que le preguntaron sobre el informe, Mirna Ortiz sostuvo que las defensas de los imputados temen enfrentar las pruebas. “Para nadie es un secreto que este tribunal existe desde hace bastante tiempo, que llevamos meses tratando de iniciar la audiencia y apenas estamos pasando por la fase de incidente, porque los imputados han insistido en dilatar continuamente el proceso”, dijo.
Explicó que las defensas continúan presentando incidentes que a todas luces son inadmisibles porque fueron presentados y resueltos en la audiencia preliminar.
Dijo que fueron rechazadas por el juez de la audiencia preliminar y que el Código Procesal Penal prohíbe ese tipo de acciones. “Porque no tendría sentido, entonces, tener una audiencia preliminar que decida sobre ciertos temas, si los vamos a debatir nuevamente en la sala”, dijo.
«Entendemos que el sistema de justicia tiene que tomar la temperatura de los procesos, tiene que tomar las herramientas que les da el nuevo Código Procesal Penal y avanzar definitivamente con los casos porque el pueblo necesita una solución a los procesos», subrayó.
Ortiz explicó que hay razonabilidad en los plazos y expresó que «todos queremos una solución definitiva a este proceso».
Sobre los incidentes ocurridos en el tribunal expresó: «no podríamos decir que sería falta. En mi opinión el tribunal ha cometido un incumplimiento extremo de garantía. Eso es lo que podríamos decir». “Estos incidentes perfectamente podrían haberse resuelto en el despacho del juez presidente y no haber tenido que extender tantas audiencias por tanto tiempo ni haber limitado el tiempo de los abogados en la presentación y en el uso de la palabra”, dijo.
Dijo que aún faltan varias defensas por presentar y que día tras día continúan con los mismos retrasos.
Respecto a la terminación del caso, dijo que no puede ocurrir de ninguna manera. “Lo único que les queda es jugar con el tiempo a ver si pasa algo por divinidad o por magia”, afirmó.
“Vamos a enfrentar las pruebas”, dijo, tras señalar que las defensas siempre han evitado enfrentar las pruebas, los testigos y los documentos.
“Afrontemos de una vez las pruebas y tengamos la decisión que este caso merece, que definitivamente tendrán condenas”, insistió, expresando su confianza en que obtendrán condenas contra los imputados.
El equipo litigante en la audiencia está representado por la abogada judicial Mirna Ortiz y los fiscales Emmanuel Ramírez y Rosa Alba García.
Las juezas Claribel Nivar, Yissell Soto y Clara Castillo suspendieron el juicio hasta el próximo lunes 20 de abril a las 9:00 de la mañana.
El juicio por corrupción
Al exfiscal general Jean Alain Rodríguez Sánchez se le atribuye la dirección de la red de corrupción cuando estuvo al frente de la Fiscalía General de la República de 2016 a 2020.
El expediente establece que Rodríguez Sánchez malversó más de RD$6,000 millones mediante procesos fraudulentos entre 2016 y 2020, años en los que se desempeñó como Procurador General de la República.
Además de Rodríguez Sánchez, en el expediente aparecen: Jhonatan Loander Medina Reyes, Alfredo Alexander Solano Augusto, Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya y Braulio Michael Batista Barias.
Además, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Jean Alain Rodríguez Sánchez y los demás acusados enfrentan cargos de corrupción, incluidos soborno, malversación de fondos, fraude contra el Estado y lavado de dinero.
El grupo fue llevado ante la justicia en el mes de julio de 2021.
