SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público informó este miércoles que se encuentra preparado para presentar este viernes 16 de octubre ante el Juzgado Primero de Instrucción del Distrito Judicial de La Romana, una sólida acusación penal sustentada en más de 1.660 pruebas contra los integrantes de la estructura criminal dedicada al lavado de dinero y estafa electrónica a través de un esquema inmobiliario, desmantelada en el marco de la Operación Guepardo.
La Fiscalía Especializada contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Romana acusan a Yves Alexandre Giroux, Rocío del Alba Rodríguez de Moya, Marisol Nova Nolasco, Astrid Rydelis Bello, Javier Gustavo Ulloa Bueno, Joana Paola Guerrero Milián, Samayra del Rosario Barreto y Cynthia Desirée Giroux Sarita, así como a las sociedades comerciales Novasco Real Patrimonio, en el caso. SRL, REMAX One, Rodeca Marketing Group SRL, RR Marketing Group EIRL y AGOTT 24, SRL, identificados como instrumentos utilizados para canalizar fondos obtenidos de forma ilícita.
La investigación ha permitido documentar la afectación directa de más de 426 víctimas, entre nacionales y extranjeros, así como reunir los elementos probatorios que sustentan los hechos atribuidos a los imputados.
Según el expediente, los imputados formaron una estructura organizada que utilizaba diferentes empresas, entre ellas Novasco Real Estate SRL, RE/MAX One y Rodeca Marketing Group, para promover y comercializar proyectos inmobiliarios que, según la investigación, carecían de las condiciones legales, financieras y operativas necesarias para su ejecución.
El Ministerio Público atribuye a los imputados distintos niveles de participación dentro del esquema, incluyendo la organización y beneficio de las operaciones, promoción y comercialización de proyectos, administración de empresas, firma de contratos, canalización de fondos, manejo contable de recursos y atención de reclamos de compradores.
Las acciones llevadas a cabo por la estructura tuvieron como objetivo captar fondos de numerosas víctimas mediante el ofrecimiento de proyectos inmobiliarios fraudulentos, la obtención de beneficios económicos y la realización de operaciones encaminadas a ocultar, gestionar y disfrutar de los recursos obtenidos.
El órgano fiscal recordó que, por su vinculación con el caso, se encuentran detenidas en Colombia Loany Lismeiry Ortiz Nova y Keylis Belfon Arismendi, quienes escaparon a esa nación sudamericana, para evadir su responsabilidad penal. El Ministerio Público dominicano está a la espera de la respuesta oficial de Colombia sobre la extradición.
La investigación fue coordinada por los fiscales Claudio Cordero, de la Fiscalía Especializada contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y Mayerling Rondón, de la Fiscalía de La Romana, bajo la responsabilidad institucional de los titulares, la fiscal judicial Ramona Nova y la procuradora fiscal Reina Rodríguez.
