Por: Emmanuel Aquino Alvarado
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) acaba de ofrecer un argumento que debería abrir un debate nacional sobre la política salarial del Estado dominicano. Mediante comunicado del 29 de octubre de 2026, anunció la actualización de las tarifas del impuesto de circulación de vehículos, conocido como marbete, tomando como referencia una inflación acumulada de 58,1% entre septiembre de 2016 y septiembre de 2026.
La institución justifica la medida señalando que los tipos se habían mantenido sin cambios desde 2016. El razonamiento es comprensible desde el punto de vista fiscal, la inflación reduce el valor real de las recaudaciones y el Estado intenta compensar esa pérdida.
Sin embargo, surge una pregunta inevitable: ¿por qué la inflación es un argumento válido para aumentar lo que cobra el Estado, pero no parece tener la misma fuerza a la hora de actualizar lo que paga a sus trabajadores?
Una revisión de la prensa dominicana permite identificar abril de 2019, durante el gobierno de Danilo Medina, como el último ajuste salarial general en la administración pública.
En aquella ocasión, el salario mínimo público pasó de RD$5,117 a RD$10,000; Se estableció un aumento del 10% para determinados trabajadores que ganaban entre RD$10,000 y RD$20,000, y otro aumento del 5% para aquellos que ganaban entre RD$20,000 y RD$30,000. Los empleados con salarios más altos no fueron incluidos en ese reajuste.
Posteriormente, hubo aumentos particulares para profesores, médicos, policías, soldados y empleados de determinadas instituciones. Sin embargo, estos no beneficiaron uniformemente a los trabajadores administrativos del Estado.
Es importante distinguir entre el crecimiento del gasto público en salarios y el aumento efectivo de los salarios. Una nómina puede verse incrementada por nuevas contrataciones, ascensos o ajustes sectoriales, mientras muchos empleados mantienen sus ingresos prácticamente congelados.
Al preguntarse ¿cuánto ha perdido un trabajador? La respuesta o respuestas se pueden obtener utilizando Estadística y Matemáticas. La inflación acumulada del 58,1% permite medir el deterioro salarial.
Un trabajador que ganaba RD$30,000 mensuales en septiembre de 2016 necesitaría RD$47,430 en septiembre de 2026 para mantener aproximadamente su capacidad adquisitiva. Quien ganara RD$40,000 requeriría RD$63,240; y quien recibiera RD$50,000 necesitaría RD$79,050.
En términos económicos, un salario congelado durante esos diez años ha perdido aproximadamente el 36,75% de su poder adquisitivo. Es decir, actualmente permite comprar sólo el 63,25% de los bienes y servicios que adquirió en 2016. Para recuperar esa capacidad adquisitiva necesitaría aumentar un 58,1% (aunque ambos porcentajes parecen contradictorios, responden a bases de cálculo diferentes, uno mide la pérdida real de salario y el otro, el incremento nominal necesario para compensarlo).
Naturalmente, los trabajadores que recibieron aumentos durante el período requieren de una evaluación particular, considerando las mejoras acumuladas.
La situación puede ser aún más desfavorable para los hogares que destinan gran parte de sus ingresos a alimentos y transporte, cuyos precios han aumentado por encima de la inflación general.
A este deterioro se suma la falta de indexación de la escala del impuesto sobre la renta (ISR).
Desde 2017, el mínimo exento se mantiene en RD$416,220 anuales, equivalente a RD$34,685 mensuales, pese al aumento sostenido de los precios.
Esto crea una situación preocupante: si bien la inflación reduce el poder adquisitivo, ciertos aumentos nominales pueden aumentar la carga fiscal del trabajador sin representar necesariamente una mejora real de sus ingresos.
Así, el Estado cuenta con mecanismos para actualizar determinadas obligaciones tributarias, pero carece de un procedimiento general equivalente que garantice la preservación del valor real de las remuneraciones públicas.
No se trata de ignorar las necesidades fiscales del Gobierno ni de proponer aumentos idénticos para todos los empleados. Una política salarial responsable debe considerar las posibilidades presupuestarias, las categorías ocupacionales y los aumentos recibidos previamente.
Sin embargo, es necesario evaluar el deterioro acumulado de las remuneraciones, particularmente entre aquellos empleados que no han tenido reajustes significativos durante años.
Un estudio de la evolución salarial desde 2016 permitiría identificar las diferencias existentes y establecer un programa gradual de recuperación del poder adquisitivo, basado en criterios técnicos, de equidad y de sostenibilidad fiscal.
El debate, por tanto, trasciende la legalidad o conveniencia del aumento de la etiqueta. Lo que está en discusión es la coherencia con la que el Gobierno aplica el criterio inflacionario en sus decisiones económicas.
Si diez años sin actualizar un impuesto justifican revisar sus tarifas, ese mismo período debería motivar una evaluación de los salarios que no han sido suficientemente ajustados.
La inflación no puede convertirse en una razón suficiente para cobrar más y, al mismo tiempo, una razón insuficiente para reconocer los salarios perdidos de los trabajadores.
Si el 58,1% de la inflación acumulada constituye una referencia válida para la actualización de las obligaciones tributarias, también debería servir como punto de partida para revisar las remuneraciones públicas.
Porque el dinero que pierde valor en las arcas del Estado es el mismo dinero que pierde valor en los bolsillos de sus trabajadores.
