Un nuevo análisis del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) revela avances significativos en la transformación institucional y efectividad de la justicia en República Dominicana.
El informe, titulado “Transformar la justicia: del progreso institucional al desarrollo humano”, destaca la alta capacidad resolutiva del sistema, aunque señala desafíos estructurales que aún limitan el acceso efectivo.
Logros e hitos internacionales
A partir de datos del Poder Judicial, el estudio destaca los avances en la transformación digital y el cumplimiento de los plazos. Estos avances posicionan al país en el lugar 76 entre 143 naciones en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project 2025, logrando una mejora del 2,1% en un entorno global de deterioro institucional.
Los hitos clave incluyen:
Ley 339-22: Regulación del uso de medios digitales; Firma Digital: Más de 3 millones de documentos procesados.
Eficiencia: el 66% de los trámites son electrónicos y el tiempo de resolución de los procesos se redujo en 21,6 días.
La brecha territorial y la capacidad de resolución
Desde 2020, el sistema mantiene una capacidad de resolución media del 94,9%. Sin embargo, persisten disparidades según el desarrollo humano de cada provincia:
En el Distrito Nacional: 100.5% de resolución (Alto desarrollo humano); en Santo Domingo: 90,8% (Desarrollo humano medio-bajo) y Monte Cristi: 87,9% (Desarrollo humano bajo).
El PNUD enfatiza que el acceso a la justicia no es una abstracción, sino una experiencia vinculada a la proximidad geográfica y la capacidad de respuesta local.
El desafío: menos jueces y menos presupuesto
Pese a la modernización, el informe advierte de una reducción de recursos críticos entre 2021 y 2025: Densidad de jueces: Cayó de 7,4 a 6,6 por 100.000 habitantes.
Presupuesto: El Poder Judicial pasó de recibir el 1,05% del presupuesto nacional en 2019 a solo el 0,87% en 2025.
Comparación: Mientras RD reduce su inversión, países como Costa Rica asignan cerca del 4% de su presupuesto público al sistema judicial.
«Fortalecer el sistema judicial no es un gasto, sino una inversión pública estratégica para el desarrollo humano», enfatiza el documento.
Obstáculos y percepción ciudadana.
Una encuesta complementaria reveló que el 36,3% de los usuarios enfrentaron obstáculos, principalmente demoras, costos legales y deficiencias en la atención. Además, existe un vacío de información: 7 de cada 10 personas desconocen los servicios digitales disponibles, lo que limita su autonomía.
Recomendaciones y presentación
Los hallazgos fueron presentados en la Conferencia Nacional del Poder Judicial 2026, con la participación de jueces y representantes del PNUD. El informe propone fortalecer la justicia comunitaria, mejorar la planificación basada en datos e involucrar a la comunidad en mecanismos alternativos de resolución de conflictos para cerrar las brechas actuales.
El informe fue presentado por los representantes del PNU, Ana María Díaz y el economista senior de la entidad, Sócrates Batinas, durante la Conferencia de la Magistratura 2026 celebrada la semana pasada, se trató de una iniciativa que busca trazar el camino hacia la justicia del futuro, consolidar consensos e impulsar la transformación del sistema judicial dominicano.
