SANTO DOMINGO.- Él juez Romaldy Marcelino Henríquez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Puerto Plata, le impuso 18 meses de prisión preventivacomo medida de coerciónaún hombre acusado de asesinato por el otro, en un hecho ocurrido el 24 de agosto de 2025.
El caso fue declarado complejo y se impuso prisión preventiva contra Wandy Pimentel (el chino y/o el japonés), procesado por la muerte por heridas de bala de Lodizol Alberto De Los Santos De La Rosa (el Cristiano).
Pimentel deberá cumplir medida de coerción en el Centro Correccional y de Rehabilitación (CCR) El Pinito, La Vega.
Según la investigación, realizada por el fiscal Juan Alexis Méndez, la víctima fue atacada a balazos mientras se encontraba en el malecón de la ciudad, falleciendo posteriormente a causa de las heridas.
Las investigaciones adelantadas por el Ministerio Público establecen que el imputado participó en la planificación del hecho delictivo y que, además, suministró el arma de fuego utilizada para cometer el asesinato, en una acción realizada por varios sujetos que actuaron de manera concertada.
La investigación determinó que el delito estuvo relacionado con la venta de drogas.
Para llevar a cabo el asesinato, Wandy Pimentel utilizó a los coacusados Roy David Álvarez y Deivi Luis García Guerrero (Capital) y Luis Rafael Caballero López, quienes trabajaron con él en Santiago y se trasladaron a Puerto Plata para ejecutar el plan.
Del expediente se establece que el imputado proporcionó la logística: armas, localización de la víctima y posterior destrucción del arma homicida.
El Ministerio Público, representado por el fiscal Leury V. Ureña Morrobel, presentó ante el tribunal múltiples pruebas documentales, testimoniales, periciales, materiales y audiovisuales que vinculan al imputado con los hechos investigados, incluyendo análisis forenses, registros de cámaras de vigilancia y pruebas extraídas de dispositivos electrónicos.
Con la imposición de esta medida coercitiva, el tribunal aceptó la solicitud del Ministerio Público al considerar la gravedad de los hechos investigados, la existencia de elementos de prueba suficientes y la necesidad de garantizar la presencia del imputado durante el desarrollo del proceso penal.
