Santo Domingo.- el juez Rigoberto Sena será anunciado este domingo a las 7:00 de la nochesu decisión sobre las medidas coercitivas solicitadas por el Ministerio Público contra imputados en la segunda etapa de la Operación Cobra, proceso que investiga una red de corrupción administrativa relacionada con el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Trece de los acusados admitieron ante el tribunal los hechos que les atribuye el Ministerio Públicoquien modificó la medida de coerción a arresto domiciliario para nueve de ellos.
Se trata de Heidy Coronado Paulino, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Víctor Felipe Rodríguez García, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
El organismo que persigue el delito presentó 706 medios de pruebaevidencia que la entidad considera suficiente para la imposición de la medida coercitiva solicitada.
Ministerio Público mantiene pedido de prisión preventiva
El Ministerio Público mantiene la solicitud de 18 meses de prisión preventiva y la declaración de caso complejo para los demás imputados incluidos en esta etapa del proceso.
Entre ellos se encuentran Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo y Rodríguez Nova, así como los doctores Ysabel Heredia Vallejo, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar.
También los doctores Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
El caso y sus antecedentes
Operación Cobra investiga un presunto esquema de corrupción instalado en el SeNaSa.
En una primera etapa, el Ministerio Público detuvo a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector de la institución, a quien señala como cabecilla de la red, junto a otros imputados.
Los implicados están acusados, entre otros delitos, de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cohecho, defraudación al Estado, malversación de fondos, falsificación de fondos, utilización de documentos falsos y blanqueo de capitales.
Según el Ministerio Público, la investigación ha permitido recabar pruebas sobre presuntos sobornos, adulteración de estados financieros y programas especiales que habrían sido utilizados para desviar fondos públicos.
