Santo Domingo.- La elección del próximo presidente de la Corte Suprema de Justicia parece encaminarse hacia una decisión entre Fernando Langa y Justiniano Montero.
Justiniano Montero Montero es un magistrado formado en la carrera judicial, mientras que Fernando Langa Ferreira es un abogado de práctica privada con más de tres décadas de experiencia profesional y amplia participación en instituciones académicas, empresariales, religiosas y sociales.
No se trata necesariamente de dos concepciones antagónicas de la justicia. Se trata, más bien, de una discusión sobre el perfil que debe liderar la próxima etapa de la Corte Suprema.
Montero ofrece continuidad y conocimiento desde dentro del sistema. Langa plantea la posibilidad de incorporar a la presidencia la experiencia de alguien que ha observado y utilizado el sistema judicial fundamentalmente desde la posición de un abogado litigante y con visión empresarial.
El Consejo Nacional de la Judicatura ya tomó la decisión de confirmarlo como magistrado de la Corte Suprema por un nuevo período de siete añosjunto a Fran Soto, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello y Rafael Vásquez Goico. Quedaban seis vacantes por cubrir.
La candidatura de Langa, por su parte, fue formalizada ante el CNM el 15 de septiembre.
En su expediente consta que ejerce en Langa & Asociados desde 1996 y concentra buena parte de su práctica en derecho civil, comercial, corporativo y administrativo. Un dato interesante de su experiencia es que alrededor del 28% de los procesos judiciales en los que ha participado como abogado llegaron a la Corte Suprema de Justicia.
El argumento del juez de carrera.
A favor de Montero está el argumento de que la Corte Suprema de Justicia sea ocupada por un juez de la carrera judicial.
Su trayectoria representa la posibilidad de que la presidencia de la Corte Suprema quede en manos de alguien capacitado dentro del Poder Judicial y conocedor de su funcionamiento, sus tribunales y su cultura institucional.
De ahí que en torno a su nombre se haya construido la tesis de que la próxima presidencia debería corresponder a un juez de carrera.
Pero hay una precisión constitucional importante.
La Constitución dominicana no establece que el presidente de la Corte Suprema necesariamente tenga que provenir de la carrera judicial.
Por el contrario, al regular la composición del tribunal, deliberadamente preserva un espacio para juristas ajenos al mismo (la tercera parte) para que pueda incorporarse alguien conocedor del derecho y con visión empresarial, ya que gran parte de sus funciones son administrativas.
Por lo tanto, La discusión entre Langa y Montero no puede reducirse jurídicamente a un juez de carrera versus un abogado particular. Ambos perfiles forman parte del modelo plural que contempla la Constitución.
Langa y un respaldo poco común
La candidatura de Fernando Langa presenta una característica que la diferencia, como es el inusual apoyo público recibido de diferentes sectores.
La Cámara de Comercio y Producción de Santiago, la Universidad APEC y el Arzobispado de Santo Domingo enviaron comunicaciones al CNM promocionando su candidatura. Justicia Sin Fronteras había presentado inicialmente su nombre para incorporarse al Tribunal Supremo y ser considerado para presidirlo.
Los argumentos utilizados por estas instituciones coinciden en aspectos como su experiencia profesional, preparación académica, comportamiento ético, prestigio y participación cívica.
La Cámara de Comercio de Santiago destacó sus más de 30 años de ejercicio profesional, así como su reputación de honestidad y transparencia. APEC destacó su formación académica, trayectoria y conducta ética, mientras que el Arzobispado de Santo Domingo puso énfasis en su preparación, experiencia profesional, actividad docente y participación en órganos consultivos.
A estos respaldos institucionales se han sumado pronunciamientos públicos de reconocidos juristas como Milton Ray Guevara y Olivo Rodríguez Huertas.
Langa tiene además una vida institucional que ha trascendido el ejercicio de su cargo profesional. En la documentación presentada ante el CNM declaró haber pertenecido al Consejo Directivo de APEC, institución que dirigió, y actualmente es miembro de su Consejo de Ex Directores. También es asesor legal del Arzobispado de Santo Domingo y miembro de su Consejo Económico, director del Movimiento de Cursillos de Cristiandad Casa San Pablo, miembro del Consejo Directivo del Banco de Alimentos de Santo Domingo y director de la Fundación Catedral Primada de América.
Los allegados al presidente Abinader que promueven a Justiniano Montero han utilizado como argumento para descartar a Langa que tuviera una relación profesional con un familiar del actual presidente.
Pero también abre una pregunta institucional sobre si ¿Debería una relación profesional previa convertirse en sí misma en un impedimento para un jurista si no hay pruebas de dependencia, conflicto de intereses o falta de independencia?
La cuestión es especialmente relevante porque la candidatura de Langa no ha surgido del ambiente presidencial. Ha recibido apoyo público de organizaciones empresariales, académicas, religiosas y jurídicas.
El desafío para el CNM sería, por tanto, evaluar si estos vínculos profesionales representan objetivamente un conflicto o si, por el contrario, excluir a un candidato únicamente por esa circunstancia terminaría convirtiendo una precaución destinada a garantizar la independencia en una limitación que la Constitución no establece.
La aritmética interna
La composición del Consejo añade otra dimensión a la decisión.
Actualmente está integrado por Luis Abinader, Ricardo de los Santos, Alfredo Pacheco, Omar Fernández, Rafael Tobías Crespo, Luis Henry Molina, Nancy Salcedo y Napoleón Estévez.
En torno a esos ocho votos se desarrolla una dinámica que es públicamente difícil de medir.
Fuentes conocedoras de las conversaciones en torno al proceso califican a Justiniano Montero de simpatizantes dentro del bloque oficialista, particularmente entre Alfredo Pacheco y Napoleón Estévez, mientras que Ricardo de los Santos tendría una valoración favorable de Fernando Langa, aunque mantiene una estrecha relación política e institucional con los demás integrantes de ese sector.
Las mismas fuentes sostienen que una eventual posición explícita del presidente Abinader tendría capacidad de reorganizar estas preferencias.
Del lado de la representación opositora, integrada por Omar Fernández y Rafael Tobías Crespo, habría una valoración favorable hacia Langa, aunque hasta el momento no se percibe intención de convertir la elección del presidente de la Corte Suprema en un enfrentamiento político con el presidente.
El verdadero dilema de Abinader
Por eso quizás la decisión final sea menos Langa contra Montero que la definición del modelo de liderazgo que el CNM considere conveniente para la próxima etapa de la justicia dominicana.
Justiniano Montero representa experiencia jurisdiccional, conocimiento interno del Poder Judicial y continuidad institucional.
Fernando Langa representa la incorporación de una perspectiva desde el ejercicio profesional privado, acompañada de una carrera cívica y el apoyo de diversos sectores de la sociedad con experiencia empresarial.
La discusión sobre el «juez de carrera» o la práctica privada no tiene tintes constitucionales, sino que se utiliza como una forma de apoyar a un favorito.
